Un legislador local en Michoacán ha hecho pública una grave denuncia: existe una lista de personas bajo amenaza de muerte, de la cual él mismo forma parte. Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado independiente afín al movimiento ciudadano y cercano a la figura de Carlos Manzo, reveló esta información en una intervención con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, generando una alerta inmediata sobre la situación de seguridad en la región de Uruapan. Según sus declaraciones, este listado circula de manera extraoficial y lo sitúa a él en la cabecera, incluyendo específicamente a otros representantes del mismo movimiento ciudadano. Entre los nombres mencionados se encuentran Victor Saladitas, quien se desempeña como regidor, y Esteban Galindo.
El diputado Bautista expresó una preocupación que oscila entre la alarma por la amenaza concreta y la incertidumbre sobre sus motivos, sugiriendo la posibilidad de que se trate de una maniobra de distracción, aunque sin poder precisar su origen o finalidad última. La gravedad de la acusación llevó al legislador a informar de la situación a las más altas esferas del poder estatal. Confirmó haber notificado personalmente al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como a los senadores Emanuel Reyes Carmona y Celeste Ascencio.
Este paso busca no solo la protección de los amenazados, sino también una investigación formal por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, su declaración incluye una crítica severa y un cuestionamiento directo al momento y la forma en que se está actuando. Bautista Tafolla planteó una pregunta retórica de enorme peso: ¿por qué la atención a esta crisis surge ahora y no cuando era solicitada con anterioridad? Se refirió explícitamente a la falta de apoyo que, afirma, experimentaron cuando lo requerían para su presidente municipal, indicando una desconexión o una demora preocupante en la respuesta de las instancias de seguridad.
El diputado fue contundente al señalar que intentaron, infructuosamente, establecer contacto con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. “Lo estuvimos buscando mucho, mucho”, declaró, subrayando una frustración acumulada por lo que percibe como una falta de atención a sus solicitudes de auxilio en un momento crítico previo. Esta denuncia trasciende el hecho puntual de la lista y apunta a un problema estructural de coordinación y respuesta institucional frente a las amenazas contra funcionarios públicos y líderes sociales.
El contexto en el que se produce esta revelación es particularmente delicado. Uruapan y varias zonas de Michoacán han sido escenario de una violencia persistente vinculada a la actividad de grupos delictivos. La existencia de una lista de personas marcadas, especialmente aquellas vinculadas a un movimiento ciudadano específico, introduce un factor de intimidación que podría afectar no solo la seguridad personal de los implicados, sino también el ejercicio de la representación política y la disidencia en la región. Este caso expone las complejas y peligrosas dinámicas de poder en las que se desenvuelven algunos representantes locales. La denuncia pública se convierte en un mecanismo de última instancia para forzar la acción del Estado y buscar una garantía de seguridad que, según su testimonio, no ha llegado a través de los canales habituales.
El impacto de estas declaraciones pone sobre la mesa la urgente necesidad de un protocolo claro y eficaz para la protección de figuras políticas en riesgo y plantea serias dudas sobre la eficiencia de los mecanismos de seguridad existentes para responder a amenazas creíbles y inminentes.
