La Declaración que Estremeció al Congreso Evangélico
En un escenario que pocos podrían haber previsto, el diputado morenista Hugo Eric Flores lanzó una bomba de relojería política durante un congreso evangélico el pasado 26 de septiembre. Sus palabras, grabadas y posteriormente divulgadas, no eran las habituales de un miembro del partido en el poder. Flores afirmó, con una contundencia que resonó en los pasillos del poder, que el 70% del territorio mexicano está bajo el yugo de alcaldes que responden a los designios de los cárteles de la droga.
“Setenta por ciento de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? ¿Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”, aseguró el legislador, describiendo una escalada delictiva donde los grupos ilegales han pasado de financiar campañas a imponer directamente a los gobernantes. “La tercera etapa que estamos viviendo”, sentenció, “es que ellos son los gobernantes”.
La Respuesta Interna: ¿Descalificación o Evasión?
La reacción dentro de su propio partido no se hizo esperar. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, salió al quite. Sin embargo, su respuesta, analizada con lupa, dejó más preguntas que respuestas. Monreal no desmintió la infiltración delictiva; en cambio, cuestionó la cifra del 70%, calificándola de “desproporcionada” y “fuera de toda dimensión”.
¿Por qué la estrategia fue atacar el porcentaje y no el fondo del asunto? Monreal exigió pruebas a su compañero de bancada, declarando: “Yo no tengo las cifras y no tengo pruebas para ratificar una cosa así, yo niego que sea así, y él es el que tiene que probar que su dicho es real”. Esta postura plantea una inquietante duda: ¿se trata de un escepticismo saludable o de una maniobra para desviar la atención de un problema de seguridad nacional de proporciones catastróficas?
La Cortina de Humo: El Caso de los “Baches”
Mientras este debate ardía, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se encontraba inmersa en una polémica paralela, pero significativamente menos grave: la manipulación de sus declaraciones sobre baches en las calles. En una conferencia de prensa en Nayarit, dedicó esfuerzos a aclarar que sus palabras sobre la necesidad de priorizar cinco rubros con rezago histórico—pavimentación, drenaje, agua, basura e iluminación pública— habían sido sacadas de contexto.
La pregunta que surge de manera inevitable es: ¿por qué el aparato político se moviliza con tanta celeridad para aclarar una afirmación sobre el estado de las vialidades, mientras aborda con tibieza una acusación sobre la pérdida de la soberanía territorial a manos del crimen organizado?
Conectando los Puntos: Una Revelación Inconveniente
Al unir los hilos de esta narrativa, surge un panorama alarmante. La declaración de Flores, hecha en un foro no tradicional, rompe el discurso oficial de contención al crimen. La réplica de Monreal, al no negar categóricamente el fenómeno y enfocarse en la métrica, parece validar tácitamente la existencia del problema, minimizando solo su escala. Finalmente, la distracción generada por el malentendido de los “baches” actúa como una cortina de humo que impide un debate nacional profundo.
La investigación revela que la verdadera crisis no reside únicamente en la posible infiltración de los gobiernos locales, sino en la incapacidad o falta de voluntad del sistema político en su conjunto para confrontar esta realidad con la urgencia y la transparencia que los ciudadanos merecen. La exigencia de pruebas, aunque legítima, no puede ser una excusa para la inacción ante una acusación de tal magnitud que, de ser cierta, redefine la naturaleza misma del Estado mexicano.
