El Congreso sanciona una legislación contundente contra la extorsión
El pleno legislativo de la Cámara de Diputados ratificó por unanimidad la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, instrumento jurídico que impone hasta 42 años de prisión a los responsables de este ilícito.
La normativa fue respaldada con 450 votos a favor, demostrando un consenso transversal entre todas las bancadas parlamentarias.
El dictamen regresó con ajustes desde la Cámara Alta, después de que los senadores modificaran una enmienda promovida inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que reducía las sanciones para servidores públicos implicados en encubrir delitos de extorsión.
Postura de los legisladores en el debate
Durante la discusión parlamentaria, el líder de la bancada guinda manifestó que mantiene su convicción sobre la procedencia de la reserva que presentó durante la primera aprobación de esta reforma. No obstante, anticipó que acataría las modificaciones del Senado y exhortó a evitar posturas dogmáticas.
“En un sistema bicameral, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo ordinario, sin motivo para ofender o incomodar a ningún legislador. Las cámaras funcionan como auténticas revisoras mutuas, y yo acepto la parte que me corresponde porque lo debatí con pasión y con lo que considero mi verdad. Soy garantista, y a pesar de que votaré esta reforma, mantengo mi postura”, afirmó.
Arquitectura jurídica de la nueva legislación
La reforma establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, con una penalidad base de 15 a 25 años de reclusión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El decreto modificado contempla que las sanciones puedan escalar hasta 42 años cuando se configure alguno de los 34 agravantes previstos, incluyendo el cobro de piso, casos donde las víctimas sean migrantes o menores de edad, y los accidentes viales provocados intencionalmente, conocidos coloquialmente como “montachoques”.
Impacto estratégico de la normativa
Durante el análisis, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio, explicó que esta legislación representa una declaración de guerra frontal contra la criminalidad organizada en materia de extorsión: “Por primera vez se establece un tipo penal federal para la extorsión, y se definen los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, cerrando espacios a los delincuentes mediante una estrategia institucional integral”.
Emilio Suárez Licona, legislador del PRI, señaló que aunque en el Senado se incrementaron las penas y los agravantes, “no consideraron todos nuestros argumentos y planteamientos. Modificaron el rango de seis a quince años para establecer quince a veinticinco años de prisión para quien cometa extorsión y, como lo manifestamos aquí, era crucial agravar las sanciones para los servidores públicos que faciliten la comisión del delito y aquellos que omitan denunciar su ocurrencia”.
