CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una exhaustiva sesión maratónica que se extendió por más de 20 horas y con la participación de 281 oradores, un análisis profundo de las actas revela que la Cámara de Diputados dio su aval, con 355 votos a favor y 132 en contra, al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué motiva una reestructuración financiera de 17,788.1 millones de pesos, y hacia dónde se desvían realmente estos recursos?
La investigación de este medio ha desglosado los documentos oficiales, encontrando recortes sustanciales a instituciones clave para el equilibrio democrático. Los datos fríos indican una reducción de 15,805.1 millones de pesos al Poder Judicial, un recorte de mil millones al Instituto Nacional Electoral (INE), 50 millones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 933 millones a la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Se trata de una optimización de recursos o de un reacomodo del poder que merece un escrutinio más detallado?
Al conectar los puntos, surge un patrón claro en las reasignaciones. La partida más significativa, 10,842.6 millones de pesos, fue destinada a Educación Pública. Dentro de este rubro, 5,000 millones se etiquetaron para “apoyos” a centros y organizaciones educativas, un concepto que nuestras fuentes califican como “notoriamente vago”. Otros 4,371 millones se dirigieron como subsidios a organismos descentralizados estatales, con un enfoque particular en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué garantías de transparencia existen para el manejo de estos fondos?
El rastro del dinero continúa hacia otros sectores. Se asignaron 2,500 millones a Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y 1,500 millones a Medio Ambiente y Recursos Naturales, con divisiones específicas para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pero la intriga aumenta con la inyección de 1,985.5 millones al sector Cultura, distribuidos entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).
Finalmente, el rompecabezas presupuestal se completa con aumentos de 641 millones para Agricultura y Desarrollo Rural —supuestamente para infraestructura de desarrollo rural sustentable— y 319 millones para Trabajo y Previsión Social, específicamente para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La revelación fundamental de esta investigación no son solo las cifras, sino el silencioso redireccionamiento del poder financiero del Estado. Mientras las instituciones garantes de la democracia y la justicia ven mermados sus recursos, el gobierno central fortalece su influencia sobre sectores estratégicos como la educación y la cultura. El verdadero impacto de estas decisiones solo se podrá medir cuando, en 2026, los ciudadanos constaten si estos movimientos financieros sirvieron al interés público o a una redistribución del poder.
