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Desde mi experiencia en el análisis de las finanzas públicas, he visto cómo ciertos debates se repiten cíclicamente. La reciente comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ante los diputados de oposición es un reflejo de una batalla constante: la que se libra entre la necesidad de recaudar y la realidad de la elusión fiscal. Los legisladores, con el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas a la cabeza, ejercieron su función de control al denunciar con contundencia el crecimiento del llamado “huachicol fiscal”. He aprendido que cuando se habla de 550 mil millones de pesos perdidos, no son solo cifras; son hospitales que no se construyen y medicamentos que no llegan a quienes los necesitan. La acusación de que Hacienda “guarda silencio” es grave, porque en materia de cumplimiento tributario, la percepción de impunidad es tan dañina como la evasión misma.
La respuesta del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sorprende a quienes hemos seguido la política económica. Reconocer el problema pero inmediatamente destacar un aumento del 22% en la recaudación aduanera es un movimiento clásico. En la práctica, he comprobado que los números absolutos de recaudación pueden mejorar incluso con filtraciones en el sistema, lo que realmente importa es cerrar esas fugas. Su llamado a aprobar la reforma a la Ley Aduanera es el núcleo del asunto. A lo largo de los años, he visto cómo la falta de facultades claras y herramientas tecnológicas modernas para las autoridades aduaneras y fiscales termina beneficiando a los defraudadores. Su argumento de que no se subirán los impuestos mientras existan estas evasiones es políticamente astuto, pero traslada la responsabilidad al Legislativo. La verdadera prueba estará en los detalles de esa reforma y en su implementación efectiva.
El intercambio posterior con diputados del PRI, como Mario Zamora Gastélum, quien cuestionó la no publicación de la reforma salarial, y Emilio Suárez Licona, quien señaló una caída en la inversión, muestra la multidimensionalidad del desafío fiscal. El secretario Amador Zamora rebatió con datos macroeconómicos, como el bajo desempleo y la inflación controlada. Sin embargo, una lección que me ha dejado la experiencia es que estos indicadores, aunque positivos, no siempre se traducen en una percepción pública de bienestar si la corrupción y la evasión persisten. La intervención de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC), tachando la política fiscal de “fallida”, y la del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) having que ajustar sus pronósticos, subraya la profunda división en la interpretación de la realidad económica.
Finalmente, la postura de la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco, quien defendió la estrategia de “compartir sobre competir” y la distribución equitativa de la riqueza, cierra el círculo del debate ideológico. He sido testigo de cómo estas visiones chocan en la arena política. La gran lección que puedo compartir es que, más allá de las cifras y las discusiones partidistas, el éxito de cualquier sistema tributario se mide por su capacidad de ser justo, eficiente y de generar la confianza necesaria para que los contribuyentes cumplan voluntariamente. El “huachicol fiscal” no es solo un delito económico; es un síntoma de una fractura en ese pacto de confianza entre el ciudadano y el Estado. Combatirlo requiere no solo leyes más duras, sino también una administración tributaria impecable y una clara demostración de que cada peso recaudado se invierte con honestidad y eficacia en el bien común.
