Diputados gastan 340 mil pesos en fiesta VIP de la Fórmula 1

Una investigación periodística revela que los diputados Diana Karina Barreras (PT) y Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quienes públicamente defienden la austeridad, disfrutaron de una exclusiva fiesta durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con un costo superior a los 340 mil pesos. ¿De dónde provienen los recursos para este lujo desmedido?

Documentos y testimonios recabados muestran que los boletos para el evento VIP, valorados en 8,500 dólares por persona, incluían presentaciones de artistas como Alan Walker y Esther Anaya. El académico Jorge García Orozco cuestionó en redes sociales: “¿Cómo justifican este gasto, equivalente a más de dos meses de sueldo combinado?”

Este no es el primer escándalo que envuelve a los legisladores. Anteriormente, su afición por relojes de lujo, joyas y prendas costosas —contraria a la retórica de humildad de sus partidos— ya había generado polémica. Fuentes cercanas al Club 51, un exclusivo centro empresarial, confirmaron que los diputados recibieron cortesías para el evento. Pero, ¿qué implica esta “cortesía” en términos de conflictos de interés?

Gutiérrez Luna defendió su asistencia argumentando que “las cortesías no tienen valor porque no se venden”. Sin embargo, expertos en ética pública señalan que este tipo de privilegios pueden constituir un trato preferencial por parte de grupos de poder.

Por su parte, Barreras, conocida como “Dato Protegido” tras un fallo judicial que la favoreció en un caso de supuesta violencia política, minimizó el valor de sus pertenencias. Aseguró que su anillo de 63 mil pesos y su reloj Cartier Ballon Bleu (288 mil pesos) fueron adquiridos antes de su cargo. Sin embargo, su declaración patrimonial solo incluye dos terrenos y un automóvil, sin especificar montos. ¿Qué ocultan estos vacíos legales?

Mientras tanto, Gutiérrez Luna declaró poseer únicamente un departamento de 132 m², una versión que contrasta con su evidente acceso a eventos de élite. ¿Existe una discrepancia entre lo declarado y su realidad económica?

Esta investigación plantea preguntas incómodas: ¿Están los legisladores evadiendo la transparencia? ¿Quién financia realmente su estilo de vida? Las respuestas podrían exponer una red de privilegios incompatibles con el discurso público que predican.