Diputados Modifican la Reforma a la Ley Aduanera: Un Ajuste desde la Experiencia
Desde mi perspectiva, tras años observando la intersección entre la legislación y la operatividad en el comercio exterior, puedo decir que los diputados federales de la Comisión de Hacienda realizaron lo que en la práctica se conoce como un “ajuste de realidad”. Suavizaron la iniciativa de reforma a la Ley Aduanal propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, modificando el núcleo de la propuesta: la vigencia de la patente de agente aduanal, que ahora se extiende hasta un potencial de 40 años.
Las enmiendas, contenidas en el proyecto de dictamen que circuló entre los legisladores, representan un cambio significativo. La iniciativa presidencial original estipulaba una vigencia de diez años, prorrogable por otro decenio. Sin embargo, en la práctica, un plazo tan corto puede generar incertidumbre e inhibir la inversión a largo plazo en infraestructura logística y capacitación especializada. He visto cómo esta inseguridad jurídica puede paralizar proyectos.
El dictamen consensuado establece que “la patente es personal e intransferible y tendrá una vigencia de veinte años”, con posibilidad de prórroga por un periodo idéntico. Esta modificación no surgió de la nada; fue el resultado de un diálogo necesario con las autoridades aduanales, quienes, conociendo la complejidad del terreno, argumentaron que los plazos iniciales eran demasiado severos. En este oficio, he aprendido que una ley que no escucha a quienes la ejecutan está condenada a la ineficacia.
La argumentación es sólida y refleja una lección aprendida: es crucial brindar certidumbre jurídica a los agentes y agencias aduanales respecto a las cuantiosas inversiones que realizan. Un plazo de veinte años proporciona la estabilidad financiera necesaria para operar, crecer y seguir invirtiendo en un mercado tan dinámico y competitivo como el del comercio internacional.
Otra enmienda crucial, y que habla de la búsqueda de un equilibrio, es el periodo de certificación. La propuesta original obligaba a los agentes aduanales a certificarse cada dos años. Si bien la intención de garantizar personal confiable y competente es loable, en la práctica esto se traduce en una carga administrativa y económica considerable que puede distraer del núcleo del negocio. El proyecto establece, con mayor sensatez, que dicha certificación se realizará cada tres años. Este plazo mantiene los estándares de actualización y profesionalización continua necesarios para un despacho aduanero eficiente, sin sofocar a los profesionales con trámites excesivos.
La sesión para discutir y votar este dictamen fue pospuesta, un movimiento común en el proceso legislativo que a menudo permite una mayor reflexión y consenso. Este respiro puede ser beneficioso para pulir un texto que, en su estado actual, demuestra un entendimiento más matizado de las necesidades reales del sector aduanero mexicano.
