Diputados prohíben venta de energizantes a menores de edad

La Cámara de Diputados Aprueba una Prohibición Histórica

En una decisión unánime que ha pasado casi desapercibida entre las grandes discusiones legislativas, el pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso sin precedentes. Con 401 votos a favor, se avaló una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de edad. Pero, ¿qué impulsó esta medida y qué intereses se vieron afectados?

La investigación revela que la propuesta original, impulsada por el morenista Ricardo Monreal y el pevemista José Luis Fernández, fue modificada in extremis. Una reserva presentada por el propio Monreal, y suscrita por el panista Héctor Ramírez Barba, cambió el texto fundamental. Ya no se prohíbe toda bebida energizante, sino solo aquellas categorías que la Secretaría de Salud determine como “de alto riesgo” en una Norma Oficial Mexicana (NOM) por expedir.

El Vacío Legal y la Puerta Abierta

Este matiz plantea una pregunta incisiva: ¿constituye esta reserva una victoria para la salud pública o una concesión velada a la poderosa industria de las bebidas? La reforma delega en la Secretaría de Salud la crucial tarea de definir qué sustancias estimulantes —similares a la cafeína, taurina, glucuronolactona o tiamina— clasificarán a una bebida como energizante y, lo más importante, cuáles serán consideradas de alto riesgo.

La dependencia federal tiene ahora 180 días para emitir esta NOM, un plazo que los críticos consideran una ventana de oportunidad para el cabildeo. La normativa deberá establecer las categorías, ingredientes, concentraciones máximas permitidas y especificaciones de estos productos. ¿Se basará estrictamente en evidencia científica y estándares internacionales, como ordena la ley, o sucumbirá a presiones económicas?

El Costo del Incumplimiento y los Testimonios Ocultos

El castigo por violar esta disposición es severo: multas de hasta 226 mil 280 pesos. Sin embargo, la verdadera batalla parece ser la verificación. Los establecimientos comerciales estarán obligados a exigir una identificación oficial para corroborar la mayoría de edad, una medida cuya aplicación real está por verse.

Durante la sesión, emergieron testimonios reveladores. La diputada Amancay González Franco desglosó ante el pleno las alarmantes consecuencias del consumo: excitación, hipertensión arterial, taquicardia, ansiedad, insomnio, arritmias y un riesgo aumentado de infartos y derrames cerebrales. Su declaración más contundente fue una denuncia: “las empresas que producen estas bebidas intentaron frenar la reforma“.

La Conexión Peligrosa y el Marketing Engañoso

La investigación profundiza en un dato crucial: el 43% de los consumidores mezcla estas bebidas con alcohol, una combinación que genera un “choque en el sistema nervioso”. González Franco advirtió que el siguiente paso lógico, siguiendo el ejemplo de países como Rusia, será prohibir explícitamente esta mezcla letal.

Pero el problema de raíz, según se desprende de las intervenciones, es la publicidad. Diputados de diferentes bancadas coincidieron en señalar una “propaganda agresiva dirigida a menores“. El panista José Mario Iñiguez expuso cómo esta mercadotecnia aprovecha vacíos legales para vincular, engañosamente, estos productos con el deporte de alto rendimiento, la diversión sana y la aceptación social.

Conclusión: Una Victoria Incompleta

La aprobación de esta reforma es, en apariencia, una victoria para la protección de los menores. Sin embargo, el periodismo de investigación revela que la batalla dista de estar ganada. La redacción final, moldeada por una reserva de última hora, deja la puerta abierta a una definición regulatoria que podría diluir el impacto de la prohibición.

La verdad oculta es que el verdadero desafío comienza ahora: vigilar el proceso de creación de la NOM, exponer cualquier intento de lobby industrial y garantizar que la salud de 300 mil jóvenes que consumen estas bebidas a diario prevalezca sobre los intereses comerciales. Esta no es el final de la historia, sino el comienzo de una crucial fase de vigilancia ciudadana y periodística.

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