Director de Seguridad Pública condenado por extorsión y nexos con crimen

TOLUCA, México — ¿Hasta qué punto ha penetrado el crimen organizado en las instituciones públicas? La reciente condena de Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, a 10 años de prisión por extorsión, destapa una red de complicidades que cuestiona la integridad de las autoridades municipales en el Estado de México.

Durante una audiencia en los Juzgados de Tenango del Valle, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas contundentes que vincularon a Solano con un caso de extorsión contra dos comerciantes. Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2024, cuando el ahora sentenciado, junto con dos cómplices, interceptó a las víctimas en el centro de Coatepec Harinas. ¿Su método? Exigir dinero a cambio de una supuesta “protección” contra grupos criminales, amenazándolas incluso con la muerte si denunciaban los hechos.

Pero este no fue un caso aislado. Documentos judiciales y testimonios recabados por este medio revelan que, una semana después, Solano regresó para exigir más dinero, esta vez amenazando a una de las víctimas con un arma de fuego. ¿Era este funcionario un mero extorsionador o parte de una estructura más grande? La investigación sugiere lo segundo: la Fiscalía encontró indicios de su presunta vinculación con La Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos del país.

La detención de Solano en septiembre de 2024, en el marco del operativo “Enjambre”, no fue casual. Este operativo, diseñado para desmantelar la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad, ha expuesto un patrón alarmante: al menos cuatro directores de seguridad pública de distintos municipios —Acambay, Aculco, Tlatlaya y Coatepec Harinas— han sido capturados por extorsión y nexos con grupos delictivos. ¿Cómo lograron estos individuos ocupar cargos clave? ¿Quién los protegió?

Entre los casos más graves destaca el de Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, sentenciado a 50 años por secuestro exprés. O el de Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, un agente municipal de Nicolás Romero condenado a 47 años por homicidio calificado. Estos casos no son coincidencias: son síntomas de un sistema corrompido.

Hasta ahora, “Enjambre” ha llevado a la captura de 60 implicados, cuatro de ellos ya con sentencia firme. Pero la pregunta persiste: ¿cuántos más operan bajo el manto de la impunidad? La Fiscalía insiste en que seguirá investigando, pero mientras tanto, los ciudadanos se quedan con una certeza incómoda: aquellos encargados de protegerlos podrían ser, en realidad, su mayor amenaza.