Dirigente priista y fiscal de Chiapas enfrentan procesos por presuntos delitos

Mérida, Yucatán.— El panorama político en Yucatán y Chiapas se ve sacudido por dos casos que exponen presuntas irregularidades en altas esferas. En Mérida, Rafael Echazarreta Torres, líder municipal del PRI, fue obligado a portar un brazalete electrónico como medida cautelar tras ser acusado de defraudar al empresario Horacio de Freitas por 12.5 millones de pesos. ¿Se trata de un simple caso de estafa o hay intereses políticos detrás? Echazarreta, quien saltó de Morena al PRI, insiste en su inocencia: “Con la ley en la mano lo demostraré”, declaró. Sin embargo, el empresario afectado lo tilda de “delincuente de cuello blanco”, descartando una persecución partidista.

Mientras tanto, en Chiapas, la detención de Gustavo Ruiz Laparra, director jurídico de la Fiscalía estatal, revela grietas en el sistema de justicia. Acusado de secuestro y extorsión, fue recluido en el penal El Amate, aunque su nombre aún figuraba en el portal oficial de la dependencia. ¿Hasta qué punto están infiltradas las instituciones por personajes cuestionables? Fuentes internas confirmaron su arresto, pero la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial. ¿Qué casos comprometen al exfuncionario? La opacidad en el manejo de la información alimenta más dudas que certezas.

Ambos casos, aunque distantes geográficamente, reflejan un patrón inquietante: la sombra de la impunidad que parece extenderse desde lo local hasta lo estatal. ¿Cuántos casos similares permanecen ocultos tras el silencio de las instituciones? La audiencia clave para Echazarreta se definirá este lunes, mientras en Chiapas se espera que las autoridades esclarezcan el alcance de los cargos contra Ruiz Laparra. Una cosa es clara: la justicia, bajo escrutinio público, no puede permitirse más fisuras.