Documentos revelan omisiones clave en investigación del narco-rancho de Teuchitlán

La abogada Cecilia Isabel Ayala Dávalos, defensora de tres peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cuestiona el enfoque de la Fiscalía Anticorrupción: “¿Por qué investigar primero a los técnicos y no a quienes dirigieron el operativo?”. Los especialistas, acusados de abuso de autoridad, estuvieron apenas cinco horas en el rancho Izaguirre —un centro de reclutamiento criminal descubierto en septiembre de 2024— y presentaron un plan de acción que nunca se ejecutó.

Un informe interno de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, obtenido por este medio, revela inconsistencias críticas. Firmado por Daniel Hernández, el documento “Despliegue Operativo” detalla en negritas que el procesamiento de la escena “no estaba concluido” cuando se suspendió la investigación. Sin embargo, pese a las alertas enviadas en tiempo real a un chat donde participaba la vicefiscal Blanca Trujillo, nadie dio seguimiento. “La omisión es del Ministerio Público que tenía el mando”, insiste Ayala Dávalos.

Lo más revelador: la propia Trujillo inició la investigación contra su equipo mediante un acta administrativa del 6 de marzo de 2025, donde señaló fallas en su personal. Paradójicamente, ella no figura entre los doce imputados (ocho agentes y cuatro peritos) por negligencia en el caso. “¿Quién rinde cuentas cuando los protocolos se rompen desde arriba?”, cuestiona una fuente cercana al IJCF bajo condición de anonimato.

El fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar admite “vulneración de derechos de las víctimas” debido al mal manejo de evidencias. Mientras, colectivos como Guerreros Buscadores exigen respuestas: los restos óseos hallados en marzo de 2025 podrían estar vinculados a desapariciones forzadas. La audiencia clave, pospuesta el 29 de mayo, podría destapar nuevas responsabilidades institucionales.

Este medio confirmó que el chat oficial donde se reportaban las anomalías incluía a tres niveles jerárquicos. ¿Por qué nadie actuó? La pista podría estar en otro documento no divulgado: un oficio de la Coordinación Estatal Antisecuestros que alertaba sobre “posibles conexiones políticas” con el narco-rancho. La investigación, lejos de concluir, se expande.