Olga Sosa Ruíz, senadora y presidenta de la Comisión de Agricultura, lo dejó claro: el corazón de esta reforma es un cambio de paradigma. El agua ya no es una mercancía, sino un bien nacional al servicio de todos.
“El espíritu de la reforma es colocar al agua como un bien nacional al servicio del interés público, y no como una mercancía”, subrayó Sosa Ruíz.
Durante la octava reunión de la comisión, se analizó el impacto del nuevo marco legal para el sector agropecuario. Óscar Jovanny Zavala Gamboa, de CONAGUA, explicó que esto representa una transformación profunda. Garantiza el derecho humano al agua, fortalece al Estado y ordena las concesiones.
Zavala Gamboa detalló los puntos clave: más poder para CONAGUA para asegurar el suministro, se elimina la venta de concesiones entre particulares y se crea un Registro Público Nacional del Agua para transparentar todo. También se protege explícitamente a ejidatarios y pequeños productores.
La senadora Sosa Ruíz conectó los puntos: esta ley es la base para una política de Estado que busque justicia social, uso racional del recurso y soberanía alimentaria. Un escudo contra la sequía y el cambio climático.
El compromiso anunciado es acompañar la implementación con diálogo. Como primer paso, en abril se realizará el Foro Nacional “Política de Estado para el Campo”, un espacio para construir una agenda estratégica a largo plazo. La meta está clara: reescribir las reglas del juego sobre el recurso más vital.
