El alcalde de Celaya recibe balas como advertencia del crimen

Una investigación profunda revela el clima de terror que envuelve al gobierno municipal de Celaya. El presidente Juan Miguel Ramírez Sánchez (Morena) confirma, en una impactante declaración, que hace dos meses encontraron balas dejadas como mudo mensaje en su propio hogar. Pero este no es un hecho aislado; es el patrón de una campaña de intimidación sistemática.

¿Quién está detrás de estas amenazas? ¿Y qué buscan realmente? En una exhaustiva indagatoria, este medio ha reconstruido los hechos. Ramírez Sánchez no solo ha sido el blanco. Documentos internos y testimonios exclusivos de miembros de su gabinete confirman que a ellos también les fueron dejados proyectiles en sus vehículos oficiales, una táctica destinada a sembrar el pánico colectivo.

“Nos dejaron balas a la mayoría de los automóviles que utilizamos. A mí, al director de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman, y al de Desarrollo Urbano, Luis Martín González Guzmán, por citar algunos casos”, aseveró el edil durante una conferencia de prensa. Esta revelación plantea una pregunta incómoda: si el objetivo no es solo el alcalde, sino desarticular toda la estructura de gobierno.

La trama se remonta a noviembre de 2024, cuando Ramírez Sánchez denunció por primera vez las presiones del crimen organizado. Fuentes de inteligencia consultadas señalan que la exigencia era clara: la entrega de varias direcciones del área de Seguridad para su control. La negativa del alcalde parece haber desencadenado esta escalada de hostigamiento.

Sin embargo, el misterio se profundiza. A pesar de la gravedad de los hechos, ninguna denuncia formal se presentó ante la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? El propio alcalde lo cuestiona con escepticismo: “Yo la puedo poner, ¿pero a quién acusamos de que nos pusieron las balas?”. Esta paradoja judicial deja a las víctimas en un limbo, forzando al gobierno municipal a buscar apoyo directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, que incrementó su custodia con elementos de la Guardia Nacional.

Las hipótesis sobre los autores son múltiples. El edil admite que las amenazas podrían atribuirse a grupos delictivos, pero no descarta a “otros actores”, insinuando que “hay muchos intereses” en juego. Una línea de investigación conduce a las recientes acciones de gobierno, como el controversial desmantelamiento de puestos informales en las inmediaciones de la Central Camionera, una zona de alta conflictividad y valor estratégico para economías ilícitas.

La conclusión de esta investigación pinta un panorama alarmante. Más allá de un simple caso de intimidación, se evidencia una lucha por el control territorial del poder. La valentía de un funcionario por no claudicar ante las presiones lo ha convertido en el objetivo principal de una red cuyos hilos se extienden desde la delincuencia hasta intereses políticos y económicos ocultos. La pregunta final persiste: ¿logrará el estado mexicano proteger a sus servidores públicos o la impunidad seguirá dictando las reglas?