En un espectáculo de virtuosismo jurídico que hubiera dejado pálido al mismo Jonathan Swift, el excélsior coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, ha emitido un respetuosísimo ultimátum a los legisladores de la República. Su misión: enmendar la enmienda de la Ley de Amparo para aclarar lo que, según su lógica orwelliana, ya es de una claridad meridiana. El meollo del asunto, nos explican con paciencia de maestro de kindergarten, es evitar la temible retroactividad, un fantasma que, al parecer, solo ellos pueden ver.
“Queremos ser transparentes como el agua de manantial”, declaró el también ex ministro de la Suprema Corte, en un alarde de tautología creativa. “Comprendemos la loable intención de los parlamentarios, pero estimamos que es menester esclarecer el esclarecimiento porque la mandataria ha sido, una vez más, diáfana y contundente”. Una contundencia, cabe añadir, que requiere de múltiples aclaraciones para ser comprendida.
Prosiguió con un discurso que parecía extraído de un manual de doble pensamiento: “No avalamos ninguna transgresción constitucional, ninguna aplicación retroactiva y si este axioma no es lo suficientemente transparente, instamos con la mayor de las reverencias a que se despeje toda duda para que las incertidumbres se evaporen y el texto quede impoluto”. Una verdadera hazaña de retórica donde la solución a la confusión es generar más documentos sobre la misma.
En el teatro matutino de la presidenta Claudia Sheinbaum, el jurista retirado esgrimió que existe una jurisprudencia consolidada que establece que las actuaciones procesales futuras se regirán por las novedosas disposiciones, lo que, en su cosmos mental, no constituye aplicación retroactiva. Una distinción tan sutil que probablemente requiera otra reforma para ser entendida por los simples mortales.
“La cruda realidad”, confesó con un dejo de drama, “es que el precepto carece de la luminosidad necesaria, ha propiciado un debate estéril y algunas objeciones, descalificaciones y también inquietudes legítimas. La presidenta ha sido enfática, repito: no simpatizamos con ningún tipo de retroactividad“. Una afirmación que, irónicamente, ha sido repetida tantas veces que comienza a sonar retroactiva.
Por todo lo expuesto, Arturo Zaldívar realizó un llamamiento de extrema cortesía, y en el espíritu de un coloquio edificante entre los poderes del Estado, “nos permitimos proponer, con la mayor humildad y si así lo juzgan pertinente las y los legisladores, las siguientes puliciones al articulado sin alterar su esencia, simplemente dotándolo de nitidez”. Es decir, cambiar las palabras sin cambiar el significado, el sueño de todo burócrata hecho realidad.
Aseveró que debe quedar más claro que el agua, que la Ley de Amparo es una ley adjetiva o de forma y que las etapas procesales concluidas engendran derechos irrevocables y se rigen por las normas vigentes al momento del inicio de los litigios. Y, en consonancia con la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal, las actuaciones procesales posteriores a la vigencia del decreto de reforma se regirán por las nuevas reglas del juego, sin que opere la retroactividad. Un monumento a lo obvio, legislado con la urgencia de quien descubre el fuego.
