En un espectáculo de virtuosismo legislativo que haría palidecer a los más eximios magos del escapismo, la reforma a la Ley de Amparo se presenta como la solución definitiva para aliviar la molesta congestión de ciudadanos que osan interponer recursos contra la infalible voluntad estatal.
La brillante innovación del “interés legítimo” constituye una obra maestra de ingeniería jurídica: mientras antes cualquier individuo podía molestarse por absurdos como el aire limpio o el agua potable, ahora deberá demostrar que el beneficio le corresponde directamente, preferiblemente con factura y registro de propiedad incluidos. Los colectivos y particulares que antes abusaban de su derecho a presentar amparos deberán entender que la defensa de derechos es un privilegio, no un pasatiempo para las masas.
El ex Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, en un arrebato de nostalgia por épocas menos eficientes, tuvo la desfachatez de señalar que este elemento no existe en la jurisprudencia. ¡Precisamente! ¿Acaso el progreso no consiste en inventar nuevos obstáculos donde antes había caminos despejados?
La siempre dramática Luisa Fernanda Tello calificó la propuesta como regresiva hacia los derechos colectivos. ¡Qué visión tan limitada! En realidad, se trata de una evolución hacia la eficiencia administrativa, donde el Estado puede actuar sin la fastidiosa interferencia de quienes pretende gobernar.
Los senadores Clemente Castañeda y Marko Cortés completaron este coro de aguafiestas con sus lamentaciones sobre cómo esta Ley de Amparo limitaría el único mecanismo que garantiza y protege los derechos. El panista Cortés incluso osó preguntar cómo se pretenden garantizar los derechos fundamentales del ciudadano mientras se debilita el principal instrumento de defensa contra actos arbitrarios del Gobierno. Querido senador, esa es precisamente la belleza del sistema: se garantizan los derechos eliminando la necesidad de defenderlos.
En este nuevo paraíso regulatorio, el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos no es un efecto colateral, sino el objetivo sublime. ¿Para qué necesitan los ciudadanos contrapesos cuando tienen la certeza luminosa de que el Gobierno siempre actúa por su bien? La suspensión de actos de autoridad era un incómodo recordatorio de que el poder podría equivocarse, una herejía que esta reforma corrige con elegante determinación.
