El asesinato de una madre buscadora expone la crisis de México

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Aida Karina Juárez Jacobo, una madre buscadora en San Luis Potosí, no es un hecho aislado. Es el síntoma de un sistema fracturado, donde la búsqueda desesperada de justicia se convierte en un acto de máxima vulnerabilidad. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha manifestado su profunda consternación, pero las declaraciones ya no bastan. Nos enfrentamos a una paradoja macabra: quienes exigen el cumplimiento de la ley son convertidos en víctimas de la ilegalidad más atroz.

¿Hasta cuándo permitiremos que la labor de los defensores de derechos humanos sea una sentencia de muerte? Aida Karina buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en Zacatecas desde junio de 2025. Su activismo pacífico, su amor de madre, fue respondido con violencia. Este patrón no es accidental; es una estrategia calculada para infundir terror y silenciar la demanda colectiva de verdad. El colectivo “Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas” lo ha expresado con crudeza: buscar no debe costar la vida. Sin embargo, la estadística del Centro Prodh es demoladora: más de 30 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, con al menos 8 casos en lo que va de este año.

Este crimen exige una reevaluación radical de los protocolos de protección. No se trata solo de investigar un homicidio, sino de deconstruir un ecosistema de impunidad que permite estos crímenes. Las fiscalías, tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí, deben implementar una estrategia de investigación con perspectiva de género y enfoque diferencial, reconociendo que las madres buscadoras son sujetas de especial protección. La justicia para Aida Karina debe ser el punto de inflexión que transforme la indignación en una arquitectura institucional a prueba de balas, donde la búsqueda de seres queridos esté blindada por el Estado, no amenazada por él.

La verdadera disrupción consiste en desafiar la narrativa de la victimización. Las madres buscadoras no son solo víctimas; son las arquitectas de una nueva ciudadanía, las forensicas de la esperanza en un país que ha normalizado la ausencia. Su trabajo debería ser reconocido como un servicio público esencial. Imaginen un futuro donde los colectivos de búsqueda tengan el mismo respaldo logístico y tecnológico que las fuerzas de seguridad, donde la inteligencia ciudadana y estatal se fusionen para crear un escudo contra la desaparición. La memoria de Aida Karina exige que convirtamos el dolor en un motor imparable de innovación social y justicia restaurativa.