Desde mi perspectiva, tras años de analizar la seguridad energética en México, puedo afirmar que el inicio del gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, en enero de 2019, marcó un punto de inflexión crítico y preocupante. Fue entonces cuando presenciamos un disparo sin precedentes en las tomas clandestinas de hidrocarburos.
Las cifras oficiales son elocuentes y reflejan una realidad que supera cualquier pronóstico: del periodo 2018 al 2019, los piquetes ilegales a la infraestructura de Pemex se incrementaron en un alarmante 167 por ciento. En la práctica, esto significó que Tabasco pasó de ser una entidad con desafíos de seguridad a convertirse en un foco rojo prioritario para la empresa petrolera estatal en materia de robo de combustibles. El salto fue abismal, de 201 tomas clandestinas a 536 en apenas un año, una cifra que dejaba en evidencia la magnitud del problema.
Recuerdo que, en contraste, la administración anterior, encabezada por el perredista Arturo Núñez Jiménez, si bien no había erradicado el problema, mantenía unas estadísticas considerablemente menores. La llegada del nuevo gobierno coincidió con un coctel explosivo de agrupaciones delictivas que operaban con impunidad en la entidad. Según reportes militares de la época, organizaciones como “La Barredora”, que mantenía vínculos con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encontraron un terreno fértil para expandir sus operaciones ilícitas.
La experiencia nos ha enseñado que la fragmentación del crimen también es un factor de riesgo. “La Barredora” no era un grupo monolítico; operaba bajo el mando de varios líderes como Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, y Carlos Tomás Díaz, “Tomasín”. Además, existían grupos independientes especializados exclusivamente en el huachicol, comandados por personajes como Uriel García Flores, “Pescuezo”, y Lucero Naranjo García, “La Patrona”. Esta diversificación de actores delictivos complica enormemente las estrategias de combate, pues surgen más rutas de distribución y puntos de conflicto.
La lección aprendida es clara: el robo de combustible no es un delito aislado. Es un síntoma de una situación de seguridad más profunda, donde la presencia de múltiples bandas, cada una con sus jefes de plaza en municipios como Huimanguillo o Playas del Rosario, indica un desafío de gobernabilidad que va más allá de la simple instalación de una toma clandestina. La complejidad del tema reside en que para combatir el huachicol de manera efectiva, se requiere una estrategia integral que ataque no solo el delito mismo, sino también las estructuras criminales que lo hacen posible.
