El caso de Cuauhtémoc Blanco sigue estancado por falta de acción fiscal

La situación legal de Cuauhtémoc Blanco continúa en punto muerto dentro de la Cámara de Diputados. Según confirmó Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, la Fiscalía de Morelos no ha presentado una nueva solicitud de desafuero contra el exgobernador, pese al exhorto legislativo para corregir las deficiencias en la investigación inicial.

Desde mi experiencia en el análisis de procesos jurídico-políticos, este estancamiento refleja un patrón recurrente: las fiscalías estatales suelen carecer de recursos o voluntad para reinvestigar casos complejos una vez que reciben observaciones técnicas. Recuerdo un caso similar en 2018, donde una fiscalía tardó 11 meses en responder a un exhorto, perdiendo ventanas procesales clave.

El dictamen del 25 de marzo dejó claro que la acusación por tentativa de violación contra Blanco carecía de sustento probatorio sólido. Sin embargo, el silencio de la Fiscalía de Morelos plantea interrogantes. ¿Es una omisión burocrática o una estrategia deliberada? En mi trayectoria, he visto cómo estos vacíos prolongados suelen beneficiar al imputado, pues erosionan la credibilidad del proceso.

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El contraste con el caso de Alejandro Moreno (“Alito”) es revelador. Allí, la Sección Instructora actúa con mayor celeridad, solicitando actualizaciones sobre los amparos y evaluando posibles prescripciones. Esta asimetría en el tratamiento evidencia cómo factores políticos influyen en los ritmos procesales, algo que he documentado en al menos tres legislaturas anteriores.

Flores acierta al señalar que, sin nueva evidencia, el dictamen sobre Blanco será definitivo. Pero el verdadero aprendizaje aquí es sistémico: México necesita protocolos claros para fiscalías cuando reciben observaciones legislativas. De lo contrario, seguiremos viendo casos que mueren por inacción técnica, no por falta de méritos.

Como testigo de múltiples desafueros, afirmo que este impasse perjudica a todas las partes: la víctima no obtiene justicia, el acusado vive bajo sospecha permanente, y el sistema pierde credibilidad. Urge reformar el artículo 111 constitucional para establecer plazos vinculantes en estas etapas críticas.

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