El circo de los millones: cuando las estadísticas reemplazan a la justicia social

En un alarde de aritmética creativa, la Secretaría de Bienestar —esa fábrica de ilusiones con membrete oficial— anunció su nuevo truco de magia: convertir 2.2 millones de mujeres en números de expediente antes de que agosto agote su paciencia. La titular Ariadna Montiel Reyes, vestida con el traje de “heroína de los discursos mañaneros”, reveló el plan maestro: cazar ancianas por letra de apellido, como si se tratara de una cacería de brujas alfabéticamente correcta.

Entre aplausos protocolarios, se jactó de que las beneficiarias mantendrán “el mismo plástico” al pasar a la pensión de adultos mayores —metáfora involuntaria de un sistema que reduce vidas a tarjetas de crédito social—. “No habrá cambio de plástico”, repitió, como si la dignidad humana dependiera de la resistencia del PVC.

Mientras tanto, en el sur del país, las víctimas del huracán Erick reciben migajas presupuestarias con la solemnidad de un premio de consolación: $8,000 para limpiar escombros (como si la tragedia viniera con escoba incluida), hasta $40,000 por casas reducidas a memorias. Los ganaderos afectados fueron premiados con $5,000 por vaca llorada, suma que ni compra el pienso de un animal fantasma.

El gobierno desplegó 274 brigadas —equivalente a un ejército de notarios de la desgracia— para repartir promesas en efectivo. Todo ello, mientras el programa Producción para el Bienestar suena a chiste macabro: $7,500 para resucitar cosechas, como si la agricultura fuera un juego de apuestas con semillas.

En este teatro de lo absurdo, las pensiones se miden por meta cuantitativa (3.2 millones, ¡qué redondo!), los desastres naturales se monetizan con precisión de contador, y los ciudadanos aprenden la lección suprema: valen lo que su tarjeta pueda reportar en el próximo informe de gobierno.