Una Carrera Contra el Tiempo para Frenar la Extorsión
Desde los pasillos del Congreso, donde he pasado años observando cómo se forjan las leyes, puedo decirles que cuando un proyecto se califica de “urgente”, suele ser porque la realidad nos ha alcanzado. El anuncio del diputado Ricardo Monreal sobre la pronta discusión de la Ley de Extorsión no es un tema más en la agenda. Recuerdo, en mis inicios, subestimar el impacto emocional de este delito, hasta que conocí casos de pequeños comerciantes cuyas vidas fueron quebradas no solo económicamente, sino en su seguridad más básica. Esta iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca precisamente eso: dotar de herramientas jurídicas robustas a los tres órdenes de gobierno para investigar, pero, más importante, para prevenir y proteger a las víctimas.
La experiencia me ha enseñado que una ley no se mide solo por su letra, sino por su capacidad disuasoria. El planteamiento de endurecimientos de las penas, que pueden alcanzar los 50 años de prisión, envía un mensaje contundente. He visto cómo los atenuantes y agravantes, como cuando el autor es una autoridad o un miembro de las Fuerzas Armadas, marcan la diferencia entre una sentencia que solo cumple un trámite y una que realmente busca hacer justicia. No será fácil erradicar este flagelo, pero un marco legal claro es el primer paso indispensable.
La Batalla por el Agua: Lecciones de un Recurso Finito
Paralelamente, la discusión sobre la nueva Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales me trae a la memoria debates pasados donde primaban los intereses particulares. He aprendido, a veces a las duras, que la gestión del agua es el termómetro de nuestra soberanía y sostenibilidad. El propósito de reglamentar el derecho humano al agua no es una mera declaración; es una necesidad práctica. La propuesta de eliminar el régimen de transmisiones de derechos entre particulares y revertir a la Conagua las concesiones no utilizadas es una lección que tomó años aprender: no podemos permitir la especulación con un recurso vital.
La creación de un Registro Nacional del Agua y la fiscalización del uso real del agua concesionada son herramientas de transparencia que, en mi experiencia, son clave para combatir la corrupción y el desvío. Monreal menciona haber hablado con agricultores y la industria, un paso crucial. Siempre he creído que una ley duradera nace del diálogo, pero también de la firmeza. Escuchar a todos los sectores, incluidos la industria minera y refresquera, es esencial, pero la experiencia indica que no se puede legislar para complacer a unos cuantos cuando está en juego el bienestar de millones. Dar un tiempo adicional para la deliberación, como él plantea, no es dilación; es prudencia, siempre y cuando no se pierda de vista el objetivo principal: garantizar el agua para las generaciones futuras.
