El reciente decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo robado en Coahuila, aunque significativo, ha sido calificado por el diputado panista Federico Döring como un triunfo a medias. La ausencia de detenidos, cuentas congeladas o sentencias judiciales revela una estrategia fallida contra el huachicol, un crimen que drena millones al erario público.
Döring cuestionó cómo es posible que semejante volumen de combustible —equivalente a 129 ferrotanques— haya circulado sin revisión en aduanas clave como Reynosa, Tamaulipas. “Las autoridades locales hicieron lo que el gobierno federal no pudo: rastrear el combustible robado vinculado a Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz, un operador ligado a Los Zetas que incluso postuló candidatos por el PT”, destacó.
El legislador señaló una paradoja inquietante: si ya se tenía bajo la lupa a Muñoz —detenido en mayo en Torreón—, ¿por qué no hay activos asegurados ni funcionarios federales investigados? “¿Acaso se ocultan nombres para proteger a cómplices dentro de Morena?”, planteó, insinuando una red de corrupción que trasciende lo local.
Este caso evidencia un patrón: en abril, otro operativo recuperó 18 millones de litros en Baja California y Tamaulipas, también sin detenciones. La falta de transparencia sugiere que el huachicol no es solo un delito de cárteles, sino un esquema sistémico donde colusiones políticas y vacíos legales permiten su impunidad. ¿Hasta cuándo las acciones espectaculares sustituirán a una estrategia integral?
La pregunta disruptiva aquí es: ¿y si el verdadero combustible robado no es el hidrocarburo, sino la confianza ciudadana en las instituciones? Mientras no se ataque la raíz —corrupción, complicidad gubernamental y lavado de dinero—, estos megadecomisos serán solo fuegos artificiales en una guerra perdida.
