El dictamen sobre aborto en Morelos espera por voluntad política

Desde mi experiencia siguiendo de cerca los procesos legislativos en materia de derechos humanos, he aprendido que los avances rara vez son lineales. El caso de Morelos es un ejemplo paradigmático. La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación aprobó, desde junio pasado, derogar las fracciones del Código Penal que criminalizan a las mujeres por interrumpir un embarazo. Sin embargo, el dictamen yace en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, a la espera de que los coordinadores de los grupos parlamentarios decidan, por fin, llevarlo al Pleno para su discusión.

La diputada Melissa Montes de Oca, presidenta de dicha Comisión, confirmó esta situación. Su declaración llega en un contexto crucial: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico. Ordenó a la gobernadora Margarita González Saravia y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, incluso sin una reforma al Código Penal. Esta resolución, surgida del amparo en revisión 570/2024 promovido por 48 mujeres y personas con capacidad de gestar, es un mandato claro. He visto cómo la Corte, en los últimos años, se ha erigido como un contrapeso esencial para proteger garantías fundamentales cuando los congresos locales se estancan.

La sentencia judicial es contundente: establece que, mientras el Congreso local no modifique la ley, las autoridades estatales deben garantizar el acceso al servicio de aborto sin criminalizar a quienes lo soliciten ni al personal sanitario que lo practique. Además, instruye al Poder Ejecutivo a ejercer su facultad para impulsar la reforma legislativa necesaria, ya sea presentando una nueva iniciativa o promoviendo la aprobación del dictamen ya existente.

Este panorama tiene un antecedente clave. En diciembre de 2024, un juez de distrito vinculó al Congreso de Morelos para que legislara y derogara los artículos punitivos. Se fijó una fecha límite: el 15 de diciembre. Sin embargo, por falta de quórum en varias convocatorias, la Comisión no pudo sesionar. He sido testigo de cómo la “falta de quórum” se convierte a menudo en una estrategia política para evadir temas controversiales, una lección de que los procedimientos técnicos pueden ser usados para obstruir la justicia sustantiva.

Ante la omisión legislativa, el juez de distrito realizó varios requerimientos insistentes al Congreso. La presión rindió frutos: en la última sesión de la Comisión se alcanzó el quórum legal y la mayoría de los diputados presentes aprobaron el dictamen para suprimir la criminalización. Montes de Oca, como presidenta de la Comisión, cumplió con su parte. Ahora, la pelota está en el tejado de la Conferencia legislativa, que debe programar el tema para su discusión en el Pleno.

La reflexión final de la diputada es la que más resuena con la sabiduría que da la lucha por los derechos: “Más allá de que un juez nos vincule o no, los diputados y diputadas debemos priorizar el tema de las mujeres… Morelos debe ser una entidad a la vanguardia con los derechos universales de las mujeres”. Es una verdad que trasciende lo jurídico; es una cuestión de voluntad política y de reconocer que la justicia reproductiva no puede esperar más.