En un sublime ejemplo de la degeneración institucional que aflige a la nación, el aparato estatal mexicano ha vuelto a demostrar su peculiar concepto de protección a la infancia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco ha tenido a bien aprehender a un infante de quince primaveras, conocido en los círculos burocráticos como El Niño Sicario, un púber cuyas aficiones extracurriculares incluyen el secuestro exprés, el homicidio por encargo y la distribución al menudeo de sustancias estupefacientes. El joven emprendedor portaba, como parte de su equipamiento escolar, un fusil de asalto Uzi, siendo detenido junto a su tutor legal, un caballero de 37 años que ejerce las funciones de niñera criminal.
El operativo, ejecutado por el pomposamente bautizado equipo de Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, tuvo lugar en la madrugada del 12 de octubre, fecha en que se conmemora el descubrimiento de América y, ahora, el hallazgo de nuevas formas de decadencia social. El chico intentó defenderse usando su juguete preferido, pero la tecnología, en un acto de sabotaje divino, decidió atascar el cañón. Junto a los delincuentes, las autoridades incautaron un variopinto surtido de drogas clasificadas en bolsitas de celofán, un arsenal para una guerra de juguete y misivas de amenazas que demostraban un dominio precoz de la prosa intimidatoria.
Las pesquisas digitales revelaron que el teléfono del menor contenía un portafolio criminal de lo más variado: desde el secuestro y posterior liberación de una dama –un servicio completo– hasta la ejecución de otra desafortunada en Paraíso, localidad cuyo nombre constituye, en sí mismo, una broma de mal gusto.
Y he aquí donde la farsa judicial alcanza su cénit: un portavoz del Colegio de Abogados de Tabasco ha salido al quite para recordar a la ciudadanía que el pequeño prodigio del crimen goza de una protección legal que lo sitúa en una categoría especial. El sistema, en su infinita sabiduría, considera que juzgar a un adolescente armado con metralleta como a un adulto sería una terrible injusticia. El verdadero peligro, nos advierten, radica en recluir al infante en un centro de menores con otros chicos que cometieron fechorías de menor calibre, como si se tratara de mezclar a un tigre con gatitos domésticos.
Este episodio no es más que un síntoma de la epidemia nacional de reclutamiento infantil. Los cárteles, en su labor filantrópica, ofrecen a los niños mexicanos un futuro prometedor: pertenencia a una familia disfuncional, un ascenso social express para escapar de la miseria y la noble tarea de sustentar el hogar familiar. Las estadísticas, esas frías números que narran nuestra tragedia, muestran un aumento exponencial de menores detenidos por narcomenudeo, alcanzando la cifra de 2.920 pequeñas promesas del crimen arrestadas en 2025. El Estado, entre tanto, se debate entre la incapacidad de prevenir este fenómeno y la magnanimidad legal para tratarlo como un simple problema de conducta adolescente.
