Con la solemnidad de un cazador que descubre que las liebres han estado usando zapatos, la Secretaría Anticorrupción —ese faro de virtud en un pantano de complicidades— proclamó desde su Olimpo burocrático que “Mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”. ¡Vaya revelación! Como anunciar que el agua moja en un naufragio institucional.
El comunicado oficial, publicado con pompa en el Diario Oficial de la Federación —ese compendio de ficciones legales—, detalla el escarmiento ejemplarizador contra tres empresas que cometieron el imperdonable delito de creer que el sistema era tan corrupto como parecía.
El catálogo de los pecados capitales
En el primer acto de esta tragicomedia, la empresa Coordinadora y Desarrolladora P&O, S.A. de C.V fue castigada con el equivalente a lo que un funcionario medio gana en tres cenas elegantes: 168 mil 283 pesos. Su crimen: presentar una opinión fiscal falsa. La inhabilitación por tres meses —justo el tiempo necesario para crear otra empresa fantasma— fue confirmada el 14 de octubre, fecha que sin duda marcará un antes y un después en la historia de la probidad nacional.
El segundo caso involucra a Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V., condenada por el atroz delito de “actuado con dolo” —como si en el mundo de las contrataciones públicas existiera otra forma de actuar—. Su castigo: 924 mil 403 pesos y 21 meses de inhabilitación, tiempo suficiente para perfeccionar el arte de la simulación documental.
La tercera empresa, Mundoferremetl, S.A. de C.V., cometió la ingenuidad de falsificar documentos de seguridad social para la Secretaría de la Defensa Nacional. Su multa de 170 mil pesos equivale aproximadamente al costo de un escritorio de lujo para algún despacho ministerial.
El destierro al limbo de los proveedores caídos en desgracia
Las tres compañías han sido ingresadas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados —ese registro de parias donde solo faltan los verdaderos artífices de la corrupción estructural—. Quedan así impedidas de participar, “directamente o mediante intermediarios”, en el festín contractual del Gobierno de México. Como si los tiburones necesitaran carnada para nadar en aguas infestadas de sangre.
La dependencia comandada por Raquel Buenrostro —con esa condescendencia típica del poder— aclaró magnánima que las empresas pueden impugnar las determinaciones. Pero advirtió con firmeza que defenderá las resoluciones “pues las sanciones fueron impuestas con apego a derecho”. ¡Qué alivio saber que la legalidad prevalece en este universo paralelo donde la corrupción sistémica sigue siendo el verdadero contrincante invisible!
Estas sanciones, nos aseguran, “confirman el compromiso de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con una contratación pública honesta, legal y transparente“. La misma transparencia de un pantano petrolero, la misma honestidad de un casino con ruleta arreglada, la misma legalidad de un sistema diseñado para que solo los ingenuos caigan en la red.
Y así, entre multas que son meras propinas del sistema y inhabilitaciones que son vacaciones administrativas, el gran teatro de la anticorrupción mexicana levanta el telón para otra función de hipocresía institucional. “Mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, repiten como mantra. Efectivamente: las consecuencias son risibles para quienes juegan mal, y extraordinariamente lucrativas para quienes dominan el arte de la simulación legítima.
