El Estado decreta la gratuidad del mar que ya era público
En un acto de heroica redundancia legislativa, el pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado por abrumadora mayoría que el agua moja y el sol calienta. Más concretamente, ha decidido reformar la Ley General de Bienes Nacionales para establecer, con la solemnidad de quien descubre América, que el acceso a las playas será gratuito. Sí, han leído bien: el erario público se ha gastado luz, papel y sesiones para decretar que lo que ya era de todos, es de todos. Una proeza jurídica sin precedentes.
La normativa, enviada al Senado para su ratificación burocrática, prohíbe taxativamente la imposición de cobros, cuotas o cualquier otra táctica feudal para ingresar a la ribera marina. La única excepción permitida será, cómo no, “por disposición expresa”. Traducción: seguiremos viendo cómo la letra pequeña y los intereses creados convierten lo público en privado, pero con un sello oficial que lo hará todo muy democrático.
El dictamen señala, con una ironía no intencionada que haría llorar a Swift, que las concesiones en zonas federales deberán “contemplar el acceso público”. Es decir, los magnates que han cercado la costa con sus paraísos artificiales deberán poner un cartelito que diga “por aquí se va al mar”, aunque el camino esté flanqueado por seguridad privada y miradas de desprecio. El incumplimiento, advierten, será causa de revocación. Una amenaza que suena tan creíble como un narcotraficante prometiendo cumplir los derechos humanos.
La joya de la corona es la creación de un Registro Nacional de Accesos a Playas. Porque nada garantiza mejor el libre paso que un documento oficial, un trámite kafkiano y la promesa de que algún burócrata en una oficina sin ventanas velará por nuestro derecho a poner la toalla en la arena. Mientras, la Secretaría de Turismo garantizará el acceso gratuito a las áreas naturales “al menos un día a la semana”. Una limosna ecológica para el vulgo, mientras las élites disfrutan de su privatopía los otros seis.
En un discurso que mezclaba la retórica revolucionaria con la lógica del absurdo, el diputado Alejandro López Sánchez declaró que garantizar el acceso libre es hacer “justicia social“. Claro, porque nada reivindica más al proletariado que permitirle llegar al mar que legalmente ya le pertenece, siempre y cuando no moleste a los complejos turísticos de cinco estrellas. “El acceso al mar no puede ser un privilegio de élites económicas”, sentenció, sin explicar por qué entonces su cámara legislativa ha permitido durante décadas que exactamente eso ocurra.
En resumen: nuestros representantes han descubierto que el litoral es de la nación y han decidido regalárnoslo, eso sí, con las condiciones, excepciones y registros que garantizan que todo seguirá igual. Una victoria pírrica para el pueblo, que podrá presumir de derechos mientras sigue viendo cómo la mejor arena queda reservada para quienes pueden pagar por mirarla.
