El Estado desarma a sus protectores por no saber proteger sus armas

En un giro de acontecimientos que Jonathan Swift hubiera encontrado demasiado oneroso para incluirlo en sus Viajes de Gulliver, el glorioso Estado de Chihuahua ha emprendido una cruzada épica para desarmar a su propia primera línea de defensa. No, no es que los malhechores hayan sido repentinamente sometidos a la razón; es que los supuestos guardianes de la ley han resultado ser unos perfectos improvisados en el noble arte de la burocracia armamentística.

La sublime Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un arrebato de celo regulatorio digno de los mejores burócratas orwellianos, ha descubierto el secreto mejor guardado de la seguridad nacional: que las armerías municipales están en manos de personajes que no han cumplido con el sagrado ritual de los formularios en triplicado, las credenciales debidamente laminadas y los exámenes psicológicos que certifiquen su aptitud para perder las llaves del arsenal.

El martes pasado, la comitiva de inspectores estatales, armada hasta los dientes con carpetas y checklists, descendió sobre los municipios de Matachí y Namiquipa. Lo que hallaron fue tan conmovedor como absurdo: un número de armas que superaba con creces el número de policías, como si las escopetas se reprodujeran por esporas en los armeros descuidados. Algunos agentes, ¡oh, el horror!, portaban sus pistolas sin el permiso oficial que acredita que están oficialmente permitidos para estar oficialmente permitidos.

Pero la joya de la corona fue el municipio de Nonoava, donde la inspección del 3 de septiembre reveló que el resguardo del armamento era tan seguro como un castillo de arena frente a la marea. El armero municipal, al parecer, estaba protegido por un candado de combinación cuya clave era, probablemente, “1234”. Ante esta flagrante violación a los protocolos, el Estado no tuvo más remedio que confiscar las armas, no fuera a ser que un delincuente con un mínimo de astucia lograra adivinar el complejo código de seguridad.

Así, en un acto de suprema ironía, las autoridades se ven forzadas a desarmar a los policías para proteger a la población de… los policías mal certificados. Una lógica impecable: si no pueden cumplir con los requisitos para portar un arma, ¿cómo confiar en que puedan usarla con discernimiento? Es como quitarle las llaves del coche a un conductor ebrio, pero aplicado a todo un cuerpo de seguridad pública. El mensaje es claro: en el reino del absurdo, el arma más peligrosa no es un fusil, sino una credencial vencida.

Mientras tanto, los ciudadanos de estos municipios pueden dormir tranquilos sabiendo que su seguridad está en manos de un Estado que prefiere policías inermes pero perfectamente documentados, antes que agentes armados con expedientes incompletos. Una lección magistral de prioridades: el papeleo primero, la protección ciudadana después. La sátira se escribe sola.