En un sublime acto de lógica gubernamental, donde el remedio resulta más letal que la enfermedad, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha revelado el secreto a voces: el Estado, en su insaciable sed recaudatoria, se ha convertido en el principal promotor del mercado negro. De aprobarse para 2026 la propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros, la mitad de las transacciones de este producto migrarán alegremente a la economía subterránea.
En un comunicado que bien podría leerse como un manual de ironía fiscal, la cámara industrial alertó que esta brillante estrategia hará florecer el comercio ilícito de tabaco. Actualmente, este sector paralelo representa un modesto 20% del consumo total, lo que ya equivale a una pérdida fiscal monumental de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales. El genial incremento tributario propuesto, lejos de disuadir el consumo, simplemente trasladará la oferta a un mercado que no paga impuestos, no respeta edades y celebra la ineficacia estatal.
La presidenta de la Cámara, María de Lourdes Medina Ortega, con la clarividencia de quien observa un incendio y sugiere echar gasolina, aseveró que esta política facilitará exponencialmente la venta de cigarros ilegales entre los menores de edad. La razón es de una simplicidad pasmosa: comprar en una tienda formal implica pagar, al menos, 20 pesos más por cajetilla, un sobreprecio de legalidad que el mercado informal se encanta en eliminar, según datos del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera.
Con una perspicacia digna de los mejores satíricos, Medina Ortega afirmó que no es con dogmatismos fiscales como se frenará el consumo de cigarros, sino que se requiere de información veraz y estrategias de prevención sobre los efectos del tabaquismo. Una revelación revolucionaria: se puede combatir un problema de salud sin convertirse en el mejor aliado de los contrabandistas.
En este sentido, la cámara de industriales recordó que la historia reciente ya demostró que aumentar los gravámenes a los cigarros tiene consecuencias “terribles en materia económica, fiscal y de salud”. El paquete presupuestal del 2026 incluye la brillante idea de incrementar en un 30% el IEPS, elevando la cuota de 0.6445 pesos por cigarro a 1.1584 pesos, una fórmula matemáticamente perfecta para multiplicar la ilegalidad.
Para ilustrar este esperpento, en 2024 se estimó una recaudación por IEPS a cigarros de 52 mil 699 millones de pesos, pero la realidad, ese ente tan inconveniente, mostró que sólo se captaron 48 mil millones de pesos, comentó la presidenta de Canacintra. Una diferencia de miles de millones que parece haberse evaporado, o quizás, se fue directo a los bolsillos de los traficantes.
“No son hipótesis o estimaciones: La historia en México, no de otro país, ya nos demostró que el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales miopes, es con información y políticas de salud de mediano y largo plazo. Una mayor carga fiscal solo incentiva el contrabando de tabaco y, con ello, fortalece un sector que evade impuestos y vende productos sin ninguna restricción, lo que facilita el consumo de tabaco entre menores de edad”, añadió Medina Ortega, describiendo el círculo vicioso que el propio Estado alimenta.
