Un Cambio de Paradigma Necesario: El Agua como Bien Nacional, no como Mercancía
Después de años de observar cómo el agua se convertía en un activo más en el mercado, la decisión del gobierno federal de modificar la Ley de Aguas Nacionales marca un punto de inflexión histórico. Recuerdo claramente la época neoliberal, donde la transferencia de concesiones entre particulares se normalizó, generando un mercado opaco que perjudicaba a los pequeños productores y concentraba el recurso. Esta reforma, que presentará el Ejecutivo la próxima semana, restituye una verdad fundamental: el agua es un bien de la nación y su gestión debe estar bajo la rectoría del Estado.
La modificación más significativa, y que celebro por experiencia propia, es que las concesiones ya no podrán transmitirse entre privados. He visto casos donde un titular, sin usar el agua y sin pagar derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), vendía su concesión a un tercero como si fuera una propiedad, no un permiso de uso. Eso se acabó. Ahora, si un concesionario no utiliza el recurso, este regresa al Estado para ser reasignado con criterios técnicos y de equidad, tal como lo establece nuestra Constitución.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, detalla avances cruciales contra el acaparamiento y el sobreconcesionamiento. La revisión de más de 482,000 títulos—un 90% del total—ha revelado cerca de 59,000 irregularidades. En mi trayectoria, las más comunes son las que él menciona: títulos con vigencia incierta, duplicidades, cambios de uso sin autorización (de agrícola a club de golf o complejo industrial) y coordenadas erróneas. Este ordenamiento no es burocrático; es una limpieza esencial para la justicia hídrica.
Un aspecto práctico que valoro especialmente es la simplificación de trámites para los pequeños agricultores. Ahora obtienen un documento claro que, además, les facilita el acceso a subsidios. Esto desincentiva la corrupción y empodera a quienes realmente alimentan al país. La nueva ventanilla única digital es un acierto que agiliza y transparenta.
La participación ciudadana es otro pilar. El portal de denuncias de Conagua se ha convertido en una herramienta vital para reportar extracciones ilegales o contaminación. Hasta la fecha, más de 3,900 visitas de inspección y 490 clausuras demuestran un compromiso real de aplicar la ley. Las autoridades también actuarán contra exfuncionarios que otorgaron concesiones de manera irregular, un mensaje contundente contra la impunidad.
Este proceso, que ha permitido recuperar 4,000 millones de metros cúbicos de agua, no es solo una política pública. Es la corrección de un rumbo equivocado, un regreso a la visión de que el agua es un derecho humano. El camino es complejo, pero por primera vez en mucho tiempo, se camina en la dirección correcta.
