El Estado vigila cada palabra del periodista Jorge González

En un alarde de innovación democrática, el estado de Campeche ha decidido que la labor periodística requiere, para su correcto ejercicio, la supervisión constante de un censor oficial. La jueza Guadalupe Martínez Taboada, en un arrebato de celo protector hacia los oídos de la gobernadora Layda Sansores, ha decretado que el comunicador Jorge González debe ser acompañado de manera perpetua por un miembro de la Unidad de Medidas Cautelares, una suerte de niñera estatal para adultos que opinan fuera del guion.

El periodista, de 71 años y una terquedad impropia de su edad, se atreve a calificar esta medida como una “violación de garantías constitucionales”, demostrando una vez más su falta de gratitud hacia las instituciones que velan por que sus palabras no hieran la sensibilidad del poder. “Es previa censura”, alega, sin comprender que se trata simplemente de un servicio de corrección ortográfica y estilística en tiempo real, provisto gentilmente por el erario público.

En la misma audiencia de revisión, se resolvió otro asunto de seguridad nacional: la identidad del responsable de redes sociales del medio Tribuna será protegida como un secreto de estado, pues su conocimiento podría comprometer la seguridad de la nación. No obstante, la organización fue obligada a enviar, de forma simultánea a su publicación, todo texto que contenga las palabras mágicas “Sansores San Román” para su aprobación por el área de Derechos Humanos del Tribunal. Dicho departamento, famoso por su expertise en deontología informativa, decidirá qué está permitido que sepa la ciudadanía.

Para el disidente González, esta resolución es un acto de censura. Se aferra a conceptos arcaicos como el artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana o el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que parecen no haber sido actualizados para incluir el nuevo paradigma de la “verdad oficial”. Él no ve el lado positivo: el estado se preocupa tanto por la calidad de la información que ha decidido convertirse en su editor jefe. “Estas medidas de coerción sólo buscan silenciar”, afirma, sin apreciar la belleza de un sistema donde cada crítica es previamente aprobada, editada y, de ser necesario, embellecida para armonizar con la realidad preferible que construye el gobierno.

Es un modelo de eficiencia: para qué esperar a que la sociedad decida con criterio propio, cuando el Tribunal de Justicia puede hacerlo por ella. Un verdadero avance hacia la paz informativa.