El exgobernador que pretendía que la justicia financiara su libertad

En un giro de eventos que solo puede ser calificado como un monumento a la desfachatez institucional, el ciudadano César Duarte Jáquez, antiguo virrey de Chihuahua, ha decidido que las paredes de su actual residencia en el Altiplano le quedan estrechas. Su último capricho: presentar una queja formal porque un juez, en un inexplicable arrebato de apego a la ley, se atrevió a negarle la libertad provisional mientras es procesado por el pecadillo de lavado de dinero.

El mecanismo elegido para esta farsa es un Tribunal Colegiado, que, con la solemnidad que caracteriza a estos teatros, ha admitido a trámite la pataleta judicial. La tarea recae ahora en la magistrada Alma Jeanina Córdova Díaz, quien deberá elaborar un proyecto para decidir si el sistema reafirma su rarez de aplicar la ley o, por el contrario, se pliega al innovador concepto de justicia que propone el reo: la que comienza por soltarlo.

La Lógica Impecable del Acusado

El razonamiento del exmandatario es de una claridad meridiana. Tras años de administrar el erario público con la creatividad de un alquimista, transformando fondos para el sector ganadero en patrimonio familiar, considera que la prisión preventiva es un exceso. Su defensa, una obra maestra del cinismo, se basa en que negarle la libertad sería… injusto. El juez Alejandro Latorre Lozano, un hombre aparentemente aferrado a arcaicos conceptos como “delito grave” y “peligro de fuga”, tuvo la insensibilidad de declarar que “no es dable” tal medida. ¡Un atropello a la tradición de impunidad bien ganada!

El Esquema Filantrópico (Para Su Familia)

La Fiscalía General de la República insiste en narrar los hechos con una falta de romanticismo alarmante. Habla de un “esquema de simulación” donde los recursos, en lugar de alimentar vacas, engordaban empresas con nombres épicos como Unión Ganadera Regional División del Norte o la poética Hidroponia El Parral. Casualidades de la vida, en estas últimas, la socia mayoritaria y representante legal era su esposa, Bertha Olga Gómez Fong. Una historia de amor conyugal y emprendimiento, financiada con el dinero de todos.

El cerebro operativo de esta ingeniería financiera habría sido Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de Hacienda estatal y, de manera totalmente coincidente, tesorero de las empresas familiares. Una sinergia perfecta entre lo público y lo privado, donde lo público desaparecía y lo privado florecía.

Así, el ciudadano Duarte no lucha solo por su libertad; lucha por el derecho de toda una clase política a entender el gobierno como un fideicomiso personal, el erario como una cuenta corriente y la justicia como un fastidioso trámite que, con suficientes quejas y recursos, debería finalmente darle la razón. El verdadero delito, parecen sugerir, no es lavar dinero, sino ser lavado y no quedar impoluto.

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