El Gran Teatro de la Justicia Corporativa
En un sublime acto de caridad moderna, el gigantesco emporio HEB, en un gesto que sin duda será registrado en los anales de la filantropía capitalista, ha dignado entregar a la siempre ágil Fiscalía estatal los sagrados rollos fílmicos de sus cámaras de vigilancia. El objeto de tan magnánima donación: determinar si el ciudadano Carlos Gurrola Arguijo, conocido afectuosamente como “Papayita”, fue o no envenenado como parte de una jocosa camaradería laboral.
La familia del occiso, sumida en un duelo que solo puede ser aliviado por la meticulosa revisión de evidencias audiovisuales, informó mediante un comunicado —ese género literario moderno que reemplaza al llanto— que, junto a sus abogados, analizan con lupa la información. O, para ser más precisos, analizan la promesa de que eventualmente existirá información que analizar.
“Nos encontramos en espera de los avances que, en los próximos días, puedan derivar en acciones completas”, declaró la progenie, en una magistral lección de fe inquebrantable en la maquinaria estatal.
El caso, que ha conmocionado a la Región Laguna, es un ejemplo perfecto de la sinergia entre el sector privado y el público. Por un lado, la empresa Multiservicios Rocasa (subcontratista de HEB) ofrece a sus empleados la emocionante experiencia de la ruleta rusa química. Por el otro, el sistema de justicia despliega su coreografía predilecta: la danza de la carpeta de investigación, un ballet donde los papeles se pasean de un escritorio a otro en un eterno vals burocrático.
La tragedia se desarrolló cuando a “Papayita”, un hombre de 47 años dedicado a la noble tarea de la limpieza, sus colegas le brindaron un refrescante líquido corrosivo en su botella de electrolitos orales. Un detalle de fina humorada que le provocó quemaduras en la tráquea y los pulmones, otorgándole un pase express a la clínica de especialidades. La familia, con una paciencia que haría palidecer a Job, comprende que “los procesos legales requieren tiempo y formalidad”. Mientras, el verdadero veneno —la impunidad disfrazada de procedimiento— sigue circulando libremente.
El epílogo de esta farsa lo escribieron los habitantes del ejido La Concha, quienes, en un arrebato de ingenuidad, creyeron que manifestarse frente al templo del consumo podría acelerar la justicia. Su recompensa fue la entrega de los videos, un acto que, en el gran circo de la justicia, equivale a mostrar el cartel de “Funcionamiento en Progreso” mientras tras bambalinas no hay nadie.
La familia agradeció el apoyo moral y en especie que permitió un sepelio digno. Porque en este nuestro mundo al revés, la comunidad debe ocuparse de la dignidad en la muerte, ya que el sistema parece incapaz de garantizarla en la vida.
