Una decisión silenciosa, publicada en el último día del año, marca el fin definitivo de un apoyo que durante años amortiguó el golpe de los precios de los combustibles en México. A partir del 1 de enero de 2026, el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gasolinas y diésel será del 0%. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el consumidor asumirá íntegramente el gravamen: 6.70 pesos por litro de gasolina Magna, 5.65 pesos para la Premium y 7.36 pesos para el diésel.
La narrativa oficial ha enfatizado un acuerdo con los expendedores para contener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos. Sin embargo, una mirada investigativa persiste en cuestionar: ¿es esto suficiente? La realidad es que, para los usuarios de combustibles Premium y diésel, el impacto será directo e ineludible. No habrá red de seguridad que absorba el incremento del 3.8% en las cuotas del IEPS, actualizadas por inflación.
La otra cara de la moneda: la recaudación récord
Mientras el bolsillo del ciudadano se ajusta, las arcas federales presentan un panorama radicalmente distinto. Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan un hallazgo significativo: de enero a noviembre de 2025, la recaudación por concepto de IEPS a combustibles ascendió a 405,077 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 7.8% respecto a los 362,024 millones del mismo periodo en 2024, un año donde el estímulo aún aplicaba de manera intermitente.
Este dato conecta puntos cruciales. La ausencia casi total del subsidio durante 2025 no solo transfirió la carga fiscal, sino que se tradujo en un ingreso extraordinario para el gobierno. La pregunta que surge entonces es de naturaleza estratégica: ¿se trata de una medida de austeridad forzada o de una política deliberada de reordenamiento de las finanzas públicas a costa del consumidor?
Una incógnita para el futuro inmediato
Todo indica que este escenario se mantendrá en el 2026. La conclusión de este proceso de descubrimiento gradual es clara: la era de los subsidios generalizados a los combustibles en México ha llegado a su fin. La nueva normalidad implica precios atados con mayor fuerza a la volatilidad internacional y a la presión inflacionaria interna. La revelación final no es solo el retiro del apoyo, sino la evidencia de cómo su desaparición ha reconfigurado silenciosamente los flujos de ingresos del Estado, planteando un dilema permanente entre la salud fiscal y el alivio económico directo a las familias.
