En un giro que solo puede calificarse de obra maestra de la realpolitik contemporánea, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha alzado su voz para repudiar con vehemencia la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención. Una afrenta, sin duda, a la soberanía nacional para gestionar sus propias tragedias humanitarias con la discreción que merecen.

El embajador Héctor Vasconcelos, pontífice máximo de la diplomacia mexicana ante la ONU, esgrimió un argumento digno de los anales del absurdo burocrático: “México se ha caracterizado por ser uno de los Estados más abiertos al escrutinio internacional“. Acto seguido, procedió a rechazar dicho escrutinio por considerarlo inoportuno, excesivo y, sobre todo, poco objetivo. En el nuevo léxico de la cancillería, “apertura” significa, aparentemente, “invitamos su mirada, pero que no sea tan molesta”.

El teatro de la cooperación internacional

Ante la Asamblea General, el embajador espetó que cualquier interpretación de la Convención debe surgir de un proceso “amplio, transparente y consensuado“. Traducción al lenguaje terrenal: un diálogo infinito donde la urgencia de encontrar a miles de desaparecidos se diluya en la maraña de los procedimientos, las comisiones y las actas que nadie leerá. Mientras, Juan Pablo Albán, del CED, tuvo la ingrata tarea de recordar al mundo por qué se activó este mecanismo excepcional: la ONU percibe en México indicios de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. Un eufemismo técnico para nombrar el horror.

La estadística como paisaje nacional

Para contextualizar esta farsa monumental, basta con observar las cifras divulgadas en octubre: México lidera el ranking global de Acciones Urgentes con 779 casos, dejando atrás a naciones como Irak (663) y Colombia (244). En un lapso de apenas seis meses, se registraron 51 nuevas Acciones Urgentes. Los estados de Baja California, Jalisco y Guanajuato se erigen como los epicentros de esta crisis silenciosa. El perfil de las víctimas, un 78% hombres y 22% mujeres, incluye a menores, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos. No son números; son el testimonio de un país que ha normalizado lo innombrable.

Así, el Estado mexicano, en su infinita sabiduría, nos ofrece una lección de realismo mágico institucional: se puede ser, al mismo tiempo, el campeón de la apertura y el adversario más férreo de cualquier mecanismo que pretenda ejercerla. Un acto de equilibrismo retórico donde la única víctima real es la verdad.