En mi larga trayectoria analizando la política económica, he visto cómo los ajustes a los beneficios fiscales son un delicado acto de equilibrio. El gobierno federal ha realizado un reajuste estratégico al subsidio al empleo, una herramienta clave para el apoyo al ingreso, con el objetivo de que los asalariados que perciben hasta 11 mil 492.66 pesos al mes no vean mermados sus estímulos fiscales. Este movimiento responde directamente al incremento del 13% en el salario mínimo y a la entrada en vigor de las nuevas tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La experiencia me ha enseñado que los periodos de transición son cruciales. Para enero de 2026 se implementará un régimen transitorio que, de manera temporal, incrementa el porcentaje del apoyo de 13.8% a 15.02% tomando como referencia la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En términos prácticos, esto se traduce en un beneficio máximo de 536.22 pesos para ese mes. Es una maniobra calculada, típica de fin de año, para suavizar el impacto de los nuevos parámetros económicos.
El trasfondo estratégico de modificar el subsidio al empleo
Tras décadas leyendo entre líneas los decretos en el Diario Oficial de la Federación, puedo decir que este busca, en esencia, resguardar el poder de compra de la fuerza laboral y garantizar que este mecanismo de estímulo no pierda su efectividad. He comprobado que cuando el salario mínimo sube de manera significativa, sin un ajuste paralelo en estos apoyos, se puede generar un efecto contraproducente donde el trabajador termina perdiendo beneficios. La medida, limitada al mes de enero, es un puente hasta que se defina y publique el valor oficial de la UMA para el resto de 2026 en febrero. Es una lección de política aplicada: a veces, se requiere flexibilidad en las reglas para mantener intacto el objetivo final de proteger el bolsillo de la gente.
