En un sublime ejercicio de eficiencia contemporánea, el sistema penal mexicano ha decidido, con la solemnidad de un concilio de sabios, que la mejor manera de llegar a la verdad es posponerla indefinidamente. El proceso contra Julio César Chávez Jr., ese ícono pugilístico cuya carrera ha oscilado entre los cuadriláteros y los laberintos legales, recibió este 10 de diciembre una inyección de paciência institucional. Un juez federal, en un arrebato de generosidad cronométrica, concedió a la Fiscalía General de la República y a la defensa el don más preciado en la era moderna: más tiempo para no concluir nada.

La Audiencia Relámpago: Diez Minutos para Postergar Tres Meses

El epicentro de esta decisión titánica fue el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, donde el magistrado Édgar Alejandro Domínguez Villapudua presidió una reunión técnica de aproximadamente diez minutos. En un despliegue de agilidad burocrática que dejaría sin aliento a cualquier corredor olímpico, se avaló extender por tres lunas más el plazo de la investigación complementaria. El expediente 15/2023, un tomo que ya incluye a catorce protagonistas, podrá engordar con nuevas hipótesis, conjeturas y requerimientos transnacionales. La próxima cita en este serial jurídico, la audiencia intermedia, fue agendada para el 24 de febrero de 2026, porque la justicia, como el buen vino, necesita añejarse.

El púgil, ataviado con la elegancia fúnebre de un noir hollywoodense, escuchó cómo el Ministerio Público suplicaba duplicar el plazo de indagatoria. Sus argumentos fueron tan vagos como convincentes: diligencias pendientes, llamadas a autoridades estadounidenses que quizás nunca respondan. La defensa, en un raro momento de simbiosis con la acusación, coreó la petición: necesitaban analizar dictámenes periciales y descifrar si unos audios obtenidos por intervención telefónica eran reales o un montaje de mala calidad. El juez, en un acto de magnánima mesura, solo concedió tres meses. Al ex campeón se le mantuvo en libertad condicional, con las clásicas restricciones de no salir del país y, sobre todo, no molestar a los fiscales que buscan encarcelarlo; una regla de etiqueta procesal básica.

El Periplo Carcelario: De la Gloria del Ring al DHS

Este nuevo capítulo surge tras una odisea digna de un guion de Netflix. Todo comenzó cuando las autoridades migratorias de Estados Unidos, tras su combate ante el youtuber Jake Paul, decidieron que el verdadero golpe bajo lo había dado Chávez Jr. a los formularios de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como “inmigrante ilegal y riesgo para la seguridad”, descubriendo, para sorpresa de nadie, irregularidades en su solicitud de residencia. Tras una estadía de 46 días en hoteles carcelarios, fue deportado con boleta de regreso a México, donde fue alojado de inmediato en el exclusivo Cefereso 11 de Hermosillo, un complejo de máxima seguridad que no aparece en las guías turísticas.

Fue entonces cuando la narrativa dio su giro maestro. El juez Enrique Hernández Miranda lo vinculó a proceso no por delitos migratorios, sino por supuestos vínculos con “La Chapiza“, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini“. La Fiscalía desplegó su arsenal probatorio: intervenciones telefónicas donde se le menciona como “camarada”, notas de prensa, análisis de redes sociales, informes de la DEA y, la pieza maestra, una bata de boxeo autografiada hallada en una propiedad de “El Nini”. Una prueba tan contundente que solo podría ser superada por encontrar un guante firmado por el capo en el vestuario del púgil. Su abogado, Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, desestimó las evidencias tachándolas de “rumores” y “referencias sin contexto”, mientras Chávez Jr., en un arranque de sinceridad televisiva, retó al sistema: “Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada”. Una frase que, irónicamente, podría resumir la filosofía de todo el proceso.

El Desenlace (O Su Perpetuo Aplazamiento)

Con esta prórroga, ambas facciones del litigio podrán afilar sus argumentos en ese interminable torneo que es la etapa complementaria. Mientras tanto, el boxeador continúa en libertad vigilada y, en un alarde de optimismo inquebrantable, mantiene en su agenda un combate de regreso para enero de 2026. El caso se enreda en la macro investigación contra la estructura de “El Nini”, el presunto brazo operativo de los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En los próximos meses, la gran incógnita será si los indicios indirectos, los testimonios etéreos y la bata con firma logran transmutarse en una acusación formal, o si, por el contrario, todo se diluirá en el vasto pantano de los plazos ampliados, donde la justicia no llega, pero tampoco se va; simplemente, se pospone en un eterno round de sombra.