El Gran Hermano Fiscal y su insaciable sed contributiva
En un alarde de presciencia burocrática que haría palidecer al mismo Nostradamus, el Servicio de Administración Tributaria ha decretado que para el año 2026 someterá a escrutinio a 66.8 millones de contribuyentes, cifra que equivale a revisar cada respiración financiera de prácticamente toda la población económicamente activa del país.
La institución, en su infinito celo recaudatorio, ha clasificado como entidades de alto riesgo fiscal a aquellos osados ciudadanos que podrían atreverse a conservar lo que legítimamente han ganado, olvidarse de enterar retenciones o -horror de horrores- obtener saldos a favor ilegítimos. ¡La audacia!
Para contextualizar esta cacería de brujas impositiva, debemos señalar que el padrón total de contribuyentes activos alcanza los 88.6 millones, lo que significa que el SAT planea investigar al 75.4% de quienes tienen el privilegio de financiar las arcas públicas. Entre este ejército de auditados, 15,873 serán grandes contribuyentes, mientras los 66 millones restantes pertenecen a pequeños y medianos contribuyentes -la carne de cañón del sistema tributario.
El sector de comercio exterior no escapará a este examen contable exhaustivo, donde 116,467 causantes tendrán el honor de ser vigilados con lupa por su potencial conducta delictiva de importar productos a precios razonables.
El SAT, en un comunicado que bien podría firmar el Ministerio de la Verdad orwelliano, asegura que estos mecanismos de auditoría rigurosos se realizarán con estricto apego a la ley para combatir la evasión y elusión fiscal. Porque nada dice “justicia tributaria” como investigar a tres cuartas partes de la población.
Los criterios de selección para esta pesca milagrosa contributiva incluyen joyas burocráticas como:
- Celebrar operaciones con factureras o nomineras (el equivalente fiscal a relacionarse con el crimen organizado)
- Presentar pérdidas fiscales recurrentes (porque toda empresa debe ser eternamente rentable)
- Simular o abusar de deducciones (esa osadía de querer reducir la carga tributaria)
- Obtener ingresos no declarados (el pecado capital de la economía informal)
- Abusar de estímulos fiscales (usar las herramientas que el mismo gobierno proporciona)
- Importar productos con precios por debajo del mercado (esa perversa práctica llamada “competencia”)
También serán objeto de escrutinio quienes incumplan regulaciones no arancelarias, no paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones con paraísos fiscales (aunque sean legales) o soliciten devoluciones improcedentes.
El colmo del cinesisMo burocrático llega cuando el SAT anuncia que su objetivo final es establecer un piso parejo en el cobro de contribuciones y brindar certidumbre jurídica. Porque nada genera más certeza que saber que tres de cada cuatro contribuyentes serán investigados.
En este panóptico fiscal donde todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, el ciudadano común puede dormir tranquilo sabiendo que el Gran Hermano Tributario vela por cada centavo que circula en la economía. ¡Dulces sueños, contribuyentes!
