El Gran Teatro de la Seguridad Post Mortem
En un giro de eventos que solo puede describirse como un homenaje a la procrastinación institucional, el Puente de la Concordia ha sido consagrado como el altar donde treinta y una almas fueron el precio de entrada para que el oráculo gubernamental, encarnado en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara con solemnidad casi litúrgica que el próximo jueves, como por arte de magia burocrática, se desvelarán unos lineamientos para transportar Gas LP. Por fin, el fuego purificador de la tragedia ha logrado lo que la simple previsión no pudo: que la seguridad deje de ser una ocurrencia tardía.
El epítome de la conferencia matuntina sirvió de escenario para este prodigio de la reactividad. Dos altos sacerdotes de la administración pública, la secretaria de Energía y el titular de la SICT, Luz Elena González Escobar y Jesús Esteva Medina, descenderán del Olimpo regulatorio para presentar las nuevas tablas de la ley que, supuestamente, convertirán las bombas rodantes en ciudadanos modélicos. “Vamos a emitir una nueva normatividad… que genere mayor seguridad“, proclamó la Mandataria, en lo que parece ser la estrategia nacional de cerrar el establo después de que se hayan escapado, incendiado y volatilizado los caballos.
Ante la pregunta incómoda sobre las sanciones para los infractores, la respuesta fue una obra maestra de la ambigüedad administrativa. Sheinbaum Pardo esbozó un laberinto de investigaciones, altas velocidades y futuras consecuencias, todo envuelto en el cómodo manto de la provisionalidad. La idea subyacente es sublime en su cinismo: primero, debemos esperar a que el humo se disipe y los cuerpos se enfríen para luego, con calma, determinar si alguien debe ser responsable de algo. La premisa es que la empresa podría enfrentar castigos, pero solo después de un meticuloso proceso que garantice que cualquier consecuencia sea tan diluida como el gas en la atmósfera.
El leitmotiv de este drama absurdo fue la consigna de la “no repetición“, un concepto tan noble como utópico en un ecosistema donde los siniestros con gas licuado de petróleo son una tradición más arraigada que el grito de independencia. Se promete “fortalecer” la normatividad federal para que las corporaciones cumplan con “mayores estándares de seguridad“. Es decir, se redactarán con mayor firmeza las reglas que, en la práctica, han demostrado ser tan efectivas como un paraguas de papel en un huracán de negligencia.
La pieza final de este esperpento es la solución jurídica: el acuerdo reparatorio. En este universo paralelo, la justicia se reduce a una transacción, un trueque donde el dolor de las víctimas puede ser tasado, empaquetado y compensado con un monto. La Fiscalía, en su papel de notario del trauma, establecerá las características de esta reparación íntegra, transformando una tragedia humana en un trámite contable. Mientras, el gobierno se presenta como el gran consolador, “apoyando” y “atendiendo”, en un ritual donde la asistencia post-mortem sirve para enmascarar la ausencia de prevención pre-mortem. Un trágico accidente, nos aseguran, que pronto tendrá su correspondiente y tranquilizador documento.
