En un alarde de productividad que dejó atónitos a los escasos espectadores del hemiciclo, el Senado de la República Mexicana ha culminado su primer periodo de sesiones con una lluvia de logros tan densa y reconfortante como el smog sobre la capital. La senadora Olga Sosa Ruiz, portavoz oficial del entusiasmo gubernamental, se encargó de anunciar al pueblo, aguardando con ansias en la fila del agua o escondiéndose de una llamada extorsiva, la buena nueva: la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya rinde sus primeros frutos. “Hemos frustrado llamadas telefónicas”, proclamó, sin especificar si fueron más de las que se contestaron, e “inhibido señales en penales”, un logro técnico que, sin duda, llenará de pavor a los cárteles que ahora deberán recurrir a palomas mensajeras o, peor aún, a la burocracia postal.
La reforma constitucional para la Guardia Nacional, ese organismo polifacético que ya es ejército, policía y pronto, quizás, repartidor de despensas, fue consolidada con el rigor institucional que caracteriza a un estado serio. Se trata, nos aseguran, del pilar fundamental para la seguridad integral, un concepto tan amplio y vaporoso que puede significar desde capturar a un capo hasta multar a un vendedor ambulante por obstruir la vía pública transformada.
Todo esto, por supuesto, se inscribe en el “proceso de consolidación del proyecto de transformación”, una frase maestra de la nueva liturgia política que significa, en el lenguaje de los simples mortales, que el tren de la historia (siempre con rumbo fijo y sin posibilidad de descarrilamiento) avanza sobre rieles de leyes y discursos. La prioridad es clara: seguridad, bienestar y estado de derecho, tres conceptos que, como las tres divinas personas, son uno y trino en el credo oficial, aunque en la práctica terrestre a menudo parezcan divorciados y en pleito por la custodia del presupuesto.
En su peregrinación por los municipios de Tamaulipas, la senadora Sosa no pudo contener su júbilo ante un hito sin precedentes: la feminización de las cúpulas. “¡Tenemos presidenta, fiscal, y presidenta de partido!”, exclamó, sugiriendo que la reivindicación histórica, social y económica de la mitad de la población se mide, como en un cuadro de futbol, por el número de cargos altos ocupados. Una revolución de terciopelo y actas de sesión.
Mientras tanto, en el frente de la modernidad, la nueva Ley Aduanera promete fortalecer la digitalización y la trazabilidad. Para ello, se convocó un foro nacional con agentes aduanales, esos célebres campeones de la agilidad y la transparencia, quienes presentaron “propuestas técnicas y operativas”. Uno casi puede visualizar el flujo expedito de mercancías, un río digital de permisos y códigos de barras, fluyendo sin obstáculos por entre los intersticios de la corrupción ancestral.
Y como no podía faltar en toda gran obra de gobierno, se legisló también una Ley de Aguas Nacionales. Su objetivo: asegurar el acceso humano al líquido vital. Un propósito loable, sin duda, que seguramente resolverá la paradoja mexicana de tener, simultáneamente, inundaciones bíblicas y grifos secos. Se protegerá al agricultor, se hablará de manejo equitativo, y el agua, indiferente a tanto debate, seguirá su ciclo natural, evaporándose de las tuberías rotas y condensándose en los discursos.
El colofón de este periodo de titanes legislativos fue la toma de protesta de 877 personas juzgadoras. Ochocientos setenta y siete almas investidas con la toga y la responsabilidad de impartir justicia en un acto masivo que mezcla la solemnidad republicana con la eficiencia de una línea de ensamblaje. Ministros, magistrados, todos en fila, jurando bajo el mismo techo donde, horas antes, se había debatido la eterna transformación. El Estado, en su infinita sabiduría, demuestra así que la verdadera justicia es una cuestión de escala: a más jueces, más justicia. Una ecuación impecable, tan irrefutable como absurda, en este gran teatro donde las leyes nacen, proliferan y se aplauden, mientras la realidad, tozuda y burlona, espera su turno para salir a escena.
