El INE defiende su autonomía frente a investigación interna
Una investigación interna se cierne sobre el corazón del Instituto Nacional Electoral. El organismo ha solicitado comparecer como tercero interesado en un procedimiento administrativo iniciado por su propio Órgano Interno de Control contra consejeros y exconsejeros que, en 2022, avalaron la suspensión temporal del proceso de revocación de mandato. La decisión de entonces se fundamentó en la carencia de recursos presupuestales mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía el litigio.
Lo que desconcierta a los observadores es la cronología de los hechos. La queja original fue interpuesta hace casi un cuatrienio por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Sin embargo, el OIC decidió abrir formalmente la indagatoria hasta el presente año, un lapso que genera más de una incógnita sobre los motivos y el momento elegido para activarla. El INE alega, con fundamento, que este proceso podría menoscabar la independencia de criterio que debe guiar a sus integrantes.
Una advertencia institucional sobre el abismo
En un escrito presentado el 20 de noviembre, la institución electoral lanzó una alerta contundente: la indagatoria puede sembrar incertidumbre en el ejercicio de sus funciones y, lo que es más grave, poner en la picota su autonomía constitucional. El mensaje es claro: someter a escrutinio administrativo decisiones de naturaleza colegiada podría fracturar la capacidad del órgano para operar al margen de cualquier tipo de injerencias o presiones.
El Instituto argumenta que su objetivo primordial es eludir daños de imposible reparación en el desarrollo idóneo de la función electoral, cuya integridad resulta vital para la salud de la democracia nacional. Sostiene, con firmeza, que la libertad funcional de sus consejeros es un pilar insustituible para garantizar procesos objetivos y equitativos.
El testimonio de una consejera: la defensa de la autonomía
La consejera Dania Ravel se ha pronunciado con contundencia, respaldando la postura institucional. En sus declaraciones, subraya que proteger la autonomía del INE constituye una responsabilidad ineludible con la democracia. Afirmó, sin ambages, que las determinaciones adoptadas en el legítimo ejercicio de sus atribuciones no deben transformarse en el detonante de pesquisas que, en última instancia, puedan inhibir la labor electoral o erosionar la credibilidad pública en la institución.
La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿estamos ante un procedimiento administrativo rutinario o, por el contrario, se trata de una maniobra con ramificaciones políticas que busca condicionar la independencia del máximo árbitro electoral? La documentación presentada por el propio INE sugiere que las consecuencias de este caso podrían redefinir los límites de la autonomía institucional en México.
