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El INE impone sanciones a candidatos judiciales por irregularidades en gastos

Revelan multas y cancelaciones a aspirantes judiciales por financiamiento opaco en sus campañas.

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CIUDAD DE MÉXICO — Tras una exhaustiva revisión, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara sanciones sin precedentes contra aspirantes al Poder Judicial cuyas campañas presentaron financiamiento opaco. ¿Qué ocultan estos candidatos tras sus declaraciones incompletas y depósitos inexplicables?

El caso más grave: Ángel Mario García Guerra, magistrado neoleonés y excandidato a ministro de la SCJN, recibió un depósito de 849 mil pesos en su cuenta de campaña, cifra que contradice su declaración patrimonial. Aunque la sanción podría alcanzar 424 mil pesos, solo pagará 85 mil 533 pesos, revelando grietas en el sistema sancionador.

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Documentos obtenidos por este medio muestran que la Unidad de Fiscalización detectó al menos cinco casos donde se revocarán triunfos, incluyendo el de Silvia Cordero Navarrete, electa jueza familiar en CDMX, por omitir su informe de gastos. ¿Por qué candidatos victoriosos incumplen normas básicas de transparencia?

En Sinaloa, un juez perdió su cargo tras rebasar el límite de 220 mil pesos en gastos, pero la sanción económica fue ínfima: 40 mil pesos. ¿Las multas son disuasivas o meros trámites burocráticos?

Entre las ministras de la SCJN, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel enfrentan investigaciones por retrasos en informes y comprobantes faltantes. Batres, además, fue acusada de usar recursos públicos para promover a otros jueces, aunque el INE alega falta de pruebas. ¿Falta voluntad para investigar a figuras de alto perfil?

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Fuentes internas admiten que las sanciones aún pueden modificarse, mientras la Comisión de Fiscalización analiza 50 denuncias por distribución de “acordeones electorales”. Pese a la gravedad, solo se contemplan amonestaciones menores a sitios web, dejando dudas sobre el rigor del proceso.

Este viernes, el Consejo General del INE decidirá el destino de 7,738 candidatos examinados. Los casos expuestos revelan un patrón inquietante: impunidad selectiva y mecanismos de control frágiles en un proceso que debería ser ejemplar.

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