En una decisión que revela las grietas del sistema electoral mexicano, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas por 6.3 millones de pesos a 177 candidaturas triunfadoras en los comicios judiciales. ¿Por qué solo multas y no inhabilitaciones? La respuesta parece esconderse en los intereses políticos detrás de esta polémica resolución.
Documentos obtenidos por este medio muestran que 7 de 11 consejeros electorales determinaron que los acordeones distribuidos durante el proceso constituyeron propaganda ilegal, pero optaron por sanciones económicas proporcionales a ingresos en lugar de medidas más drásticas.
Fuentes internas del INE, bajo condición de anonimato, confirmaron a este medio que la lista de sancionados incluye a la totalidad de los magistrados electos para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Cómo llegaron estos materiales prohibidos a manos de tantos candidatos? La investigación sugiere una red de distribución organizada.
El voto dividido (6-5) sobre las amonestaciones públicas a candidatos no electos revela profundas divisiones al interior del órgano electoral. Mientras algunos consejeros insisten en que “el daño ya está hecho”, otros argumentan que las sanciones simbólicas no disuadirán futuras irregularidades.
El cálculo de las multas, basado en el 10% del tope de gastos de cada elección y en la capacidad económica individual, ha generado disparidades cuestionables. Dos candidatos a un mismo cargo recibieron sanciones diferentes, planteando dudas sobre los criterios reales de aplicación.
Lo más preocupante: documentos filtrados muestran que la Unidad Técnica de Fiscalización podría permitir pagos fraccionados a infractores con problemas económicos, mientras que las deudas no cobradas simplemente se transferirán al SAT. ¿Estamos ante un sistema diseñado para que las élites judiciales compren su impunidad?
Esta investigación continúa desarrollándose. Las próximas revelaciones podrían exponer los nombres de los operadores políticos detrás de la distribución masiva de acordeones y su conexión con grupos de poder dentro del Poder Judicial.
