El INE sanciona la creatividad contable de los partidos políticos
En un acto de insólita ingratitud hacia el ingenio local, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha tenido la desfachatez de multar con 28 millones 834 mil pesos a cinco agrupaciones políticas por haber descubierto una novedosa forma de incrementar su base militante: la afiliación por telepatía, también conocida entre los legos como “inscribir ciudadanos sin su permiso”.
El podio de la deshonra lo lidera Morena con una contribución forzosa a las arcas públicas de 15 millones 696 mil 138 pesos, seguido del PRI con 5 millones 588 mil pesos –que demostró que las viejas costumbres nunca mueren–, el Partido Verde aportó 5 millones 254 mil pesos por confundir ecología con adhesión automática, el Partido del Trabajo contribuyó con un millón 788 mil pesos por trabajar en pro de sus números, y Movimiento Ciudadano completó el cuadro con 506 mil 573 pesos. Mientras tanto, el PAN se abstuvo de participar en este ejercicio de imaginación demográfica, quizás por exceso de escrúpulos o falta de creatividad.
El meticuloso arte de simular democracia
La deliberación sobre este asunto comenzó como un drama en cuatro actos, con pausas estratégicas que habrían envidado las mejores telenovelas. Lo que inicialmente se perfilaba como una sanción ejemplar de 32 millones de pesos se vio sabiamente reducida a 28.8 millones tras la milagrosa aparición de desistimientos. El INE, en un arrebato de rigor técnico, logró demostrar que en 287 casos los partidos habían practicado la levitación burocrática: hacer flotar nombres en registros sin que sus dueños terrestres lo supieran.
La filosofía jurídica al servicio de la conveniencia
Frente a esta afrenta a su inventiva, los partidos afectados solicitaron una pausa para “aclarar” –léase negociar– los términos del castigo. El consejero Arturo Castillo iluminó a los presentes explicando que la Comisión de Quejas y Denuncias había resucitado una jurisprudencia de 2018 que establece que el Estado tiene dos años para descubrir lo obvio antes de que la infracción prescriba. Esta doctrina, conocida como “la amnesia administrativa”, protege el sagrado principio de que todo delito menor se convierte en legal si pasa suficiente tiempo sin que nadie haga nada al respecto.
La excepción, nos ilustró el consejero, ocurre cuando “la autoridad exponga y evidencie que las circunstancias particulares de cada caso hacen necesario realizar diligencias o requerimientos que por su complejidad ameriten un retardo en su desahogo”. Traducción al castellano: cuando el papeleo es tan abrumador que justifica que la justicia electoral se mueva con la velocidad de un glaciar en época de sequía, siempre y cuando la demora no sea por pura negligencia y exista algún documento que lo avale. Un consuelo para los millones de fantasmas registrados que, al menos, fueron creados mediante procedimientos burocráticamente impecables.
