El lado oscuro de las fintech desreguladas en México

La promesa de una revolución financiera democratizada a través de aplicaciones de préstamos digitales está mostrando su faceta más sombría. En México, esta innovación disruptiva, carente de un marco regulatorio visionario, se ha convertido en un campo de experimentación para el abuso, exponiendo una brecha crítica entre la tecnología y la protección del usuario.

Un análisis profundo de Kardmatch, una plataforma especializada en soluciones financieras, revela una cruda realidad: tres de cada diez usuarios que se aventuraron en este ecosistema fueron víctimas de algún tipo de estafa. ¿Es este el precio de la innovación disruptiva, o simplemente un síntoma de un sistema que prioriza el crecimiento sobre la ética?

La modalidad fraudulenta más frecuente, reportada por el 28% de los afectados, opera con una ironía perversa: usuarios reciben depósitos que nunca solicitaron, solo para sufrir después cobros indebidos agresivos. Este modelo de negocio invertido cuestiona las bases mismas de la confianza digital.

El ecosistema de estafas es diverso y creativo en su ilegalidad: cobro de anticipos por trámites fantasma (14%), cobranzas por préstamos inexistentes (10%) y cargos a personas que nunca solicitaron un crédito (7%). Este no es un simple fallo del sistema; es un diseño parasitario que florece en los vacíos legales.

Más allá del fraude, emergen prácticas abusivas sistémicas: el 25% de los encuestados reportó amenazas y hostigamiento hacia sus contactos como parte de cobros ilegales, mientras que el 15% denunció cambios unilaterales en plazos o tasas sin consentimiento. La disruptividad se convierte en opresión.

Joel Cortés, director de Kardmatch, identifica el núcleo del problema: un vacío regulatorio donde ninguna autoridad única vigila estas aplicaciones. “Algunas caen en la Condusef, otras en la Profeco, y en medio de esa dispersión, los usuarios quedan desprotegidos”. La crítica se extiende a gigantes tecnológicos como Meta y Google, que monetizan publicidad de estas aplicaciones sin verificar su legalidad, priorizando los ingresos sobre la integridad.

La paradoja final: aunque el 46% de los usuarios ha interactuado con estas plataformas, el nivel de denuncia es mínimo. Solo el 16.45% de las víctimas acudió a las autoridades, frente a un 83.55% que prefirió el silencio, alimentando un ciclo de impunidad que perpetúa el abuso. Este silencio no es complacencia; es la evidencia de un sistema que falla en proteger a quienes debería empoderar.

La solución inmediata—verificar el registro en Condusef o Profeco—es un parche, no una cura. La verdadera innovación disruptiva requerirá un replanteamiento radical: un marco regulatorio tan ágil y digital como las propias fintech, donde la protección del usuario esté integrada en el código, no añadida como medida posterior.