El Senado de la República ha recibido una minuta de la Cámara de Diputados que propone una transformación radical en la concepción de nuestro litoral. Esta iniciativa no es una mera enmienda legal; es una declaración de principios que reafirma el carácter público y democrático de las costas, desafiando décadas de apropiación progresiva por intereses privados.
La propuesta, que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, establece un paradigma irreversible: el acceso a las playas marítimas y zonas fronterizas será un derecho fundamental, universal e incondicional. Imaginen un país donde ninguna valla, tarifa o restricción arbitraria se interponga entre el ciudadano y el horizonte marino.
¿Por qué conformarnos con playas seccionadas y comercializadas cuando podríamos tener un litoral continuo y liberado? La reforma prohíbe taxativamente la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas y la zona federal marítimo terrestre. Las únicas excepciones permitidas serán aquellas expresamente destinadas a la protección ambiental, seguridad pública o interés nacional, equilibrando así la libertad de acceso con la responsabilidad ecológica.
En un giro visionario, la legislación también obliga a las autoridades a garantizar el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas al menos un día por semana. Esto no es solo una concesión recreativa; es una estrategia pedagógica para fomentar una ciudadanía consciente de su patrimonio natural, que participe activamente en su conservación.
Este proyecto de decreto, ahora en manos de las comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos Primera, representa más que un trámite parlamentario. Es la oportunidad de devolver el litoral a su legítimo dueño: el pueblo. En un mundo donde lo común se fragmenta, México podría liderar un contramovimiento que reconecte a las sociedades con sus espacios vitales esenciales.
