El obispo que denunció cómo el narco gobierna México sin disimulos

En un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia tienen más ficción que las telenovelas de las mañanas, el obispo Ramón Castro Castro salió a las calles de Cuernavaca para liderar la XI Caminata por la Paz, un evento que —irónicamente— requiere escolta armada para garantizar su seguridad. El prelado, con la sutileza de un martillo neumático, desmontó el relato gubernamental de que el crimen organizado es un problema marginal y no el socio silencioso de toda administración pública.

“Aquí hasta para cambiar un foco hay que pedirle permiso al cartel”, declaró Castro Castro, mientras un grupo de políticos morenistas —expertos en fotos con víctimas pero no en políticas efectivas— se colaban en la marcha como si fueran parte de la solución y no de la decoración. El obispo detalló cómo los narcotraficantes han reemplazado a los notarios públicos: son ellos quienes ahora validan contratos, autorizan obras y hasta deciden qué periodistas pueden seguir respirando.

Con una audiencia que incluía desde madres de desaparecidos —las únicas funcionarias forenses que trabajan sin presupuesto— hasta comunicadores que sobreviven con escoltas y chalecos antibalas, el líder religioso pintó un panorama donde la “gobernabilidad” significa negociar con los capos para pavimentar calles o instalar cámaras de seguridad (que, por cierto, los mismos delincuentes monitorean). “Si te atreves a pedir transparencia, te acusan de romántico ingenuo”, ironizó, en alusión a esos funcionarios que firman pactos con el diablo y luego se sorprenden cuando huelen a azufre.

La cereza del pastel fue su llamado contra la censura, dirigido a dueños de medios que prefieren autocensurarse antes que perder contratos publicitarios gubernamentales. “¡Nunca más!”, gritó el obispo, mientras en algún estudio de televisión un conductor cambiaba rápidamente de tema para hablar del clima.

Al final, la caminata terminó sin incidentes, lo cual ya es un milagro en Morelos, donde hasta las procesiones religiosas tienen que pagar “derecho de piso”. Eso sí: nadie se atrevió a preguntar cuántos asistentes eran infiltrados del crimen organizado o cuántos políticos llevaban el número del capo local en sus contactos VIP. Al fin y al cabo, como dijo el obispo: “Aquí lo anormal es pretender que vivimos en un Estado de Derecho”.