El plan de expansión eléctrica que redefine la infraestructura nacional

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, desglosó en la mañanera presidencial los ambiciosos planes para la red de transmisión eléctrica, un proyecto que calificó de “suma relevancia” para el futuro del país. Pero, ¿qué hay detrás de las cifras millonarias y las promesas de modernización?

Desde Palacio Nacional, la funcionaria delineó una estrategia que promete no solo una modernización de la red de transmisión, sino también garantizar su confiabilidad y seguridad operativa. Sin embargo, la pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué insiste en que esta labor crucial no puede quedar en manos de particulares? González Escobar argumenta que está en juego la estabilidad misma del sistema y que se trata de una cuestión de seguridad nacional y justicia social.

Las dimensiones del sistema actual son colosales: más de 111 mil kilómetros de red de transmisión y más de 2,300 subestaciones eléctricas dispersas por el territorio nacional. Para ponerlo en perspectiva, la titular de Sener lo equiparó a tender nueve líneas completas hasta China. La magnitud plantea un interrogante fundamental: ¿el Estado cuenta con la capacidad técnica y financiera para gestionar sola una modernización de esta envergadura?

La administración actual ha comprometido una inversión inicial de 8,177 millones de dólares. Este capital está destinado a la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas, extendiendo la red en 6,735 kilómetros circuito, y a la edificación de 524 nuevas subestaciones. El objetivo declarado es incorporar tecnología de punta para mitigar las pérdidas y congestiones en nodos críticos, beneficiando potencialmente a más de 250 millones de usuarios. No obstante, expertos consultados cuestionan la viabilidad del cronograma y la transparencia en la adjudicación de contratos.

La promesa de consolidar la soberanía energética sin incrementar las tarifas por encima de la inflación suena ambiciosa. ¿Cómo se equilibrará esta ecuación financiera? Los documentos revisados no detallan el modelo de financiamiento a largo plazo.

Por su parte, Emilia Calleja Alor, al frente de la CFE, profundizó en el plan de expansión 2025-2030, que movilizará a 5,097 trabajadores y una inversión estratosférica de 163,540 millones de dólares. La meta es beneficiar a más de 50 millones de personas con las nuevas líneas. Calleja Alor esbozó los cuatro pilares del plan: ampliar la red y el acceso a la energía, descongestionar la infraestructura existente, suministrar energía a polos de desarrollo industrial y, en última instancia, modernizar y interconectar integralmente al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró destacando la inminente finalización de la interconexión a la Península de Yucatán, calificándola como una “inversión muy importante“. Si bien este proyecto resolverá un histórico aislamiento energético, investigaciones periodísticas previas han revelado sobrecostos y retrasos significativos en proyectos similares.

La narrativa oficial pinta un futuro energético prometedor. Sin embargo, una investigación persistente debe seguir el rastro del dinero, verificar el avance real de las obras en campo y evaluar si estos megaproyectos realmente cumplen con sus metas de confiabilidad, soberanía y justicia social, o si se convierten en otra capa de una compleja red de promesas y realidades.