En un espectacular giro de la realidad nacional, el ciudadano Bernardo Bravo Manríquez, máximo representante de los productores de cítricos del Valle de Apatzingán, ha recibido el más contundente de los despidos laborales por parte de los recursos humanos del crimen organizado. La Fiscalía General del Estado de Michoacán, esa institución que documenta muertes con la eficiencia de un notario registrando defunciones, confirmó que el líder gremial fue cesado de sus funciones vitales de manera permanente.

El ejecutivo agrónomo fue encontrado ejerciendo de pasajero eterno dentro de su propio vehículo, en lo que los entendidos llaman una reubicación post-mortem dentro del territorio controlado por el Cártel Michoacán Nueva Generación – esa empresa multinacional que opera con más impunidad que una corporación trasnacional.

El protocolo se desarrolló con puntualidad criminal: el domingo recibió una invitación coercitiva por parte de caballeros armados, y para el lunes ya había sido ascendido a mártir. Mientras tanto, el gobierno municipal de Apatzingán, ese ente decorativo que gobierna sin gobernar, emitió su comunicado de condolencia estandarizado, esa pieza literaria que se intercambia con la misma convicción con que se reparten folletos de supermercado.

La crónica negra revela que el señor Bravo había cometido el delito de pretender trabajar, específicamente al organizar protestas contra el impuesto revolucionario que la filial local “Los Via” cobra con más eficiencia que el SAT. En este paraíso neoliberal salvaje, los limoneros deben pagar por el privilegio de no ser asesinados mientras cultivan, en lo que constituye el más exitoso modelo de negocio extractivo desde la conquista española.

Así funciona el libre mercado michoacano: donde los emprendedores criminales ofrecen paquetes de seguridad que invariablemente culminan en servicios funerarios, y donde el Estado se limita a contar cadáveres mientras redacta notas de solidaridad que valen menos que el papel en que se imprimen.