Tras décadas de observar y participar en la vida política de México y América Latina, he aprendido que los sistemas electorales no son meros trámites burocráticos; son el tejido conectivo de la democracia. Cuando escucho debates sobre “simplificar” o “abaratarlos”, una alarma se activa en mi memoria. He visto, demasiado de cerca, cómo ese discurso puede ser el caballo de Troya para erosionar contrapesos. La advertencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el caso venezolano no es retórica partidista vacía. Es un espejo que refleja una lección dolorosamente aprendida en nuestra región.
La experiencia como maestra: más allá de la teoría constitucional
En mis años, he conocido a colegas que vivieron el desmantelamiento institucional en Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No comenzó con tanques en la calle, sino con reformas legales. Primero, se cuestionó la imparcialidad de los árbitros electorales. Luego, se recortaron sus recursos “en nombre de la eficiencia”. Finalmente, se reescribieron las reglas para ahogar financieramente a la oposición y sesgar la competencia. Ver patrones similares emerger en el debate mexicano sobre la reforma electoral impulsada por Morena y la Cuarta Transformación (4T) es inquietante. La práctica me enseñó que un órgano electoral robusto, aunque costoso, es infinitamente más barato que el precio de una democracia debilitada.
Como bien señala el pronunciamiento del dirigente Alejandro Moreno, existe un riesgo real de que, bajo consignas de austeridad, se busque “sepultar nuestro modelo democrático”. He comprobado que cuando desaparecen los espacios de representación para las minorías políticas, no se fortalece la gobernabilidad; se siembra la frustración y la polarización. La frase “más vale una democracia cara que una dictadura barata” puede sonar cruda, pero resume una verdad pragmática: la libertad y la rendición de cuentas tienen un costo de mantenimiento que no se puede eludir sin consecuencias.
El peligro de la normalización: cuando el autoritarismo se viste de legalidad
El punto más agudo de la denuncia priista, y con el que concuerdo desde la experiencia, es la advertencia sobre buscar elecciones a modo. Un gobierno sin límites ni contrapesos efectivos, sin una oposición vigorosa y con una prensa acosada, es una receta probada para el desastre. Comparar la situación con la narcodictadura en Venezuela es fuerte, pero obliga a una reflexión crucial: la complicidad no siempre es activa. A veces, como he visto en otros contextos, se disfraza de neutralidad o de “no injerencia”. Negar los hechos de un régimen autoritario, como se acusa al Gobierno de México, no es una postura objetiva; es, en la práctica, un acto de validación.
La caída del modelo chavista marca, sin duda, un punto de inflexión en América Latina y el Caribe. Nos muestra el final de un camino de dos décadas de saqueo y de convertir el Estado en un instrumento de poder ilimitado. La lección aplicable aquí es de vigilancia. Las instituciones autónomas, el Poder Judicial independiente y una autoridad electoral creíble no son lujos. Son diques, construidos con esfuerzo tras años de lucha democrática, que contienen los excesos naturales del poder. Desmantelarlos, por acción o por omisión, es un juego de alto riesgo del que muchas naciones, mirando a Venezuela, se arrepienten demasiado tarde.
