CIUDAD DE MÉXICO. En el escenario pulcro de Palacio Nacional, ante los reflectores de la conferencia matutina, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desgranó cifras que pretenden dibujar un panorama de progreso. Más de un millón y medio de pensiones, miles de millones de pesos invertidos y un programa de visitas domiciliarias que habría tocado la puerta de un millón de hogares. Las cifras, presentadas con la solemnidad de un logro incontestable, invitan a una pregunta incisiva: ¿qué historia cuentan los números que no se mencionan?
Entre el discurso y el territorio: ¿dónde está el mapa real?
Montiel destacó el avance en un “mapeo de la discapacidad por territorio”, una herramienta fundamental para cualquier política pública seria. Sin embargo, la presentación careció del detalle cartográfico que permitiría verificar la cobertura. ¿Este mapeo, promovido por el Programa Salud Casa por Casa, revela patrones de exclusión o simplemente ratifica zonas ya conocidas? La mención a más de un millón de consultas gratuitas a domicilio plantea otro interrogante: ¿cuál es el diagnóstico recurrente encontrado en esos hogares y cómo se traduce en acciones específicas más allá de la consulta puntual?
Las terapias y el convenio: ¿sostenibilidad o dependencia?
Uno de los puntos álgidos fue el convenio con la fundación Teletón, citado como un pilar para la rehabilitación. “25 mil 525 menores” atendidos y “4 millones 401 mil terapias” desde 2021 son números contundentes. No obstante, la lógica investigativa obliga a cuestionar el modelo. ¿Esta alianza representa una política de Estado robusta o externaliza y hace dependiente un servicio crucial? La secretaria expresó la satisfacción de “ver cómo los niños rompen barreras”, pero la narrativa oficial omite analizar si el sistema público está construyendo la capacidad interna para que esas barreras no se levanten de nuevo.
El subsidio contra el cáncer infantil: un apoyo que revela una deuda
Al mencionar el apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales para las familias de 2,698 niñas y niños con cáncer, el discurso gubernamental enmarca la acción como una dádiva oportuna. La perspectiva investigativa, en cambio, ve en esta medida un síntoma de un sistema de salud fracturado. La instrucción presidencial, aunque loable en su intención inmediata, pone sobre la mesa una cuestión más profunda: ¿por qué las familias enfrentan tales costos catastróficos que requieren de un subsidio específico, en lugar de contar con una red de atención oncológica integral y financiada?
Conclusión: La agenda pública y la sombra de la invisibilidad
La frase final de Montiel Reyes resonó como la clave para una comprensión más crítica: “Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública”. Su declaración, que busca marcar un antes y un después, es también la admisión tácita de una omisión histórica. Las pensiones y los programas, por lo tanto, no son solo un avance, sino la corrección de una exclusión. La revelación significativa aquí no es la cantidad de recursos movilizados—que son cuantificables—, sino el reconocimiento de que la inclusión real exige desmontar estructuras de invisibilidad más complejas que un simple apoyo económico. El verdadero mapeo pendiente es el de las barreras arquitectónicas, laborales y sociales que persisten, incluso después de que el equipo de Salud Casa por Casa haya cerrado la puerta tras su visita.
