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El SAT aclara su postura sobre la portación de armas en su personal

El organismo fiscal desmiente versiones sobre su personal armado y aclara el alcance real de la polémica reforma.

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¿Realmente los empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrán portar armas bajo la nueva reforma? La institución fiscal ha salido al paso para despejar dudas y desmentir versiones que circulan en algunos medios. En un comunicado contundente, aseguró que su personal administrativo no utiliza ni utilizará armamento en sus labores cotidianas, desmarcándose así de interpretaciones sobre la controvertida modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Documentos obtenidos por este medio revelan que el SAT cuenta únicamente con una licencia de seguridad privada para resguardar sus instalaciones, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Nuestros agentes fiscales no son policías ni fuerzas de seguridad”, subraya el texto oficial, en lo que parece ser un intento por distanciarse de la polémica generada tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado.

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Fuentes cercanas al proceso legislativo, que pidieron mantener su anonimato, confirman a este medio que la norma sí permitiría -en teoría- que empleados de organismos como CFE, Pemex o el propio SAT porten armas, pero solo si demuestran necesidad operativa y cumplen estrictos requisitos. Sin embargo, ¿qué tan factible es esto en la práctica? Expertos consultados señalan que la Sedena mantendría un control férreo sobre las licencias.

La investigación de este medio descubrió que la reforma tiene matices poco difundidos: mientras restringe el armamento para ejidatarios (limitándolos a rifles .22), autoriza el uso de fusiles automáticos 7.62 mm para fuerzas de seguridad estatales. ¿Por qué esta disparidad? Legisladores opositores ya han alertado sobre posibles usos discrecionales de estas nuevas facultades.

El SAT insiste en que su postura es clara: sus más de 50,000 empleados no se convertirán en agentes armados. Pero documentos internos filtrados a esta redacción plantean interrogantes: ¿Existe realmente un plan para capacitar a personal selecto en el uso de armas? ¿Por qué la reforma incluyó expresamente a organismos fiscales si, según sus declaraciones, no lo requieren? Las contradicciones persisten, y mientras tanto, la sombra de la duda se extiende sobre el verdadero alcance de esta reforma que sigue generando más preguntas que respuestas.

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